Habló el empresario que desató el escándalo judicial en Rosario: “Pagué y ese fue mi error”

Rosario. Tras entregarse, el 27 de julio pasado, declaró como arrepentido y comprometió a dos fiscales, a quienes asegura les pagaba a cambio de protección: uno ya está detenido y el otro será acusado la semana próxima.

“Lamentablemente tuve que decir la verdad”, aseguró en una entrevista televisiva en la que apareció con parte de su rostro oculto y donde aceptó además su conducta: “Preferí pagar. Capaz que ese fue mi error y no tendría que haberlo hecho”.

Sus dichos fueron corroborados por innumerables filmaciones, documentos, llamadas y mensajes. Peiti reveló que pagó unos 4 mil dólares mensuales para contar con protección judicial de parte del fiscal Gustavo Ponce Asahad y el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal.

El primer contacto con Ponce Asahad fue en diciembre de 2018. El último, el 9 de julio pasado, cuando le entregó 10 mil dólares. El aporte de dinero había crecido porque los fiscales advirtieron que la investigación contra Peiti, que llegaba a vincularlo con miembros de la banda Los Monos, lo comprometía cada vez más.

Aunque le pidieron 100 mil dólares, finalmente pactaron una entrega de 10 mil. Entre otras tantas curiosidades que reveló la investigación, el empresario llegó a hacer en 2019 dos entregas de dinero juntas por pedido de Ponce Asahad, quien le explicó que lo necesitaba para hacer un viaje a Italia.

“Hace un año y medio que vengo viviendo un infierno”, declaró el empresario en una entrevista con Canal 3. “Fueron pasando los meses y siempre fui cumpliéndole. Yo te pago todos los meses, vos me vas pasando información y si me cubrís la espalda me es de vital importancia”, explicó sobre su relación y sus diálogos con Ponce Asahad, el primero en contactarlo para ofrecer cobertura. De acuerdo a la investigación Serjal, como jefe de fiscales, le daba cobertura al acuerdo.

Peiti aseguró en la entrevista televisiva que se dedica a los emprendimientos legales vinculados con los juegos de azar. Citó sus negocios en Formosa, Misiones y Paraguay, pero reconoció que su padre y su hermano tienen antecedentes por administrar negocios de juego ilegal y que él mismo tiene una causa en su contra, por el mismo delito, en la localidad santafesina de Melincué.

“Si eso prosperaba iba a ser muy doloroso para mí”, aceptó Peiti sobre esa investigación. Para operar en este tipo de emprendimientos y obtener licencias, explicó, no debía tener causas judiciales en su contra. Por eso aceptó la protección que le ofreció Ponce Asahad, a fines de 2018.

“Al principio tuve la reunión con él. Me citó en un bar y me dijo que tenía una información que era muy beneficiosa para mí. Que había una fiscalía en Melincué con una causa en mi contra que si prosperaba iba a ser muy dañina. Le creí. Me dijo que tenía unos amigos y que no iba a pasar a nada”, recordó Peiti.

Ponce Asahad averiguó detalles sobre ese trámite judicial que se instruía en Melincué y entorpeció allanamientos dispuestos contra Peiti. Matías Merlo, a cargo de la investigación contra el empresario, advirtió parte de la maniobra y planteó una queja porque se habían filtrado datos que entorpecieron el avance de la causa.

“Lamentablemente existen en el mundo situaciones donde podés ser tranquilamente enjuiciado y te pueden condenar por algo en lo que vos no tenés nada que ver. Pero el daño no lo podés reparar así nomás. Entonces preferí pagar. Capaz que ese fue mi error. Capaz que no tendría que haberlo hecho”, reconoció sobre los sobornos que realizó, aunque rechazando su participación en negocios vinculados con el juego clandestino.

Peiti dijo haberlo visto a Ponce Asahad unas treinta veces y a Serjal, dos. Sus dichos están respaldados por múltiples pruebas, lo que permitió imputar a Asahad por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. El martes se ordenó su detención preventiva por 90 días.

Serjal perdió su inmunidad luego de presentar la renuncia como jefe de los fiscales y de ser destituido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.​ Eso permitirá llevarlo a audiencia en los próximos días.

A pesar de estar pagando mensualmente a los fiscales, en julio del año pasado el domicilio de Peiti fue baleado. Le dejaron un mensaje claro, escrito con aerosol: “Pagá Leo”. Era un brazo armado de Los Monos dedicado a extorsionar a personas, comerciantes, empresarios y dirigentes sindicales. Reclamaban dinero a cambio de no atentar contra ellos o sus familiares.

Peiti aceptó pagar, pero terminó involucrándose en la misma operatoria de la que era víctima, mencionado a posibles personas que podían entregar dinero a la organización narco para evitar agresiones. El grupo, como parte de sus acciones para amedrentar y recaudar dinero, atacó a balazos el casino City Center y asesinó a un apostador, el 11 de enero pasado.

Un episodio relacionado con ese atentado mortal puso al descubierto el accionar y la ayuda que miembros de la Justicia le ofrecían a Peiti. El empresario del juego pidió datos y ayuda a un empleado judicial por la detención de dos hombres que pertenecían al grupo delictivo ligado con Los Monos. La información que le proporcionaron, a través de una captura de pantalla, llegó a mano de los investigadores. Eso permitió avanzar hasta los fiscales.

“Sentía una especie de seguridad y protección. Creí que esa gente con la que estaba juntándome (Ndr: Ponce Asahad y Serjal) me daban la posibilidad de que no llegue a mayores los problemas que iba teniendo. Con el tiempo me fui dando cuenta que no me sirvió para nada. Decían que yo era un extorsionador, que manejaba el juego clandestino y allanaron mi casa”, se quejó durante la entrevista.

“Me duele todo esto porque no soy un tipo que le gusta andar haciendo todo este daño. No tengo otra solución. En la situación que me encontraba, y en la forma que fui acorralado, lamentablemente tuve que decir la verdad”, se justificó. A pesar de ser imputado, su declaración como arrepentido le permite continuar el proceso judicial en libertad.

La causa avanzará la semana próxima con la imputación a Serjal. El viernes diputados y senadores de Santa Fe suspendieron, por unanimidad y por 180 días, a Ponce Asahad. Ahora avanzarán para buscar destituirlo.

No fue el único paso que se dio en las últimas horas. Personal policial allanó el domicilio del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de Rosario, Alejandro Ramus. No había orden de detención contra él, sino que se buscaban elementos que pudieran servir para la investigación. Se trata de determinar los alcances de la relación que mantenía Ramus con el comisario Alejandro Torrisi, detenido e imputado por integrar la banda dedicada a las extorsiones y el juego clandestino.

Mirá también

Mirá también

El ex jefe de fiscales rosarino denuncia que la causa está “politizada”

Mirá también

Mirá también

Un celular tirado en la calle destapó un escándalo judicial que terminó con un fiscal preso

Rosario. Corresponsalía.

GL​