Lo aseguran en el Ministerio de Economía y lo reconfirman en el Banco Central: lo que menos quiere el gobierno es un salto del dólar.
La inquietud responde a
que en los últimos días la ampliación de la brecha entre dólares y la venta de divisas por parte del Banco Central alimentaron la idea de algunos funcionarios de adelantar la búsqueda de un tipo de cambio más alto.
Una brecha de 75% entre el dólar mayorista y el denominado “contado con liquidación”($73 y $128) o el “blue”($130) viene siendo motivo de preocupación en el gobierno y en especial después del anuncio del acuerdo con los acreedores para canjear bonos de la deuda por US$64.500 millones.
El 4 de agosto y despúes de aquel anuncio el presidente Alberto Fernández lanzó su esperanzador “ahora el panorama está despejado” pero el mercado cambiario no le dio muchas horas de alivio.
Una cuestión técnica en la compra-venta de títulos asociada al mismo canje terminó generando una suba de los bonos (Bonar 2024) que se toman de base para las operaciones de “contado con liqui” y eso hizo subir al dólar y ampliar a la brecha.
Además, como en todos los comienzos de mes, cuando la gente recibe ingresos y puede, va en busca de los US$200 que el Banco Central permite comprar cada 30 días a precio oficial más el 30% generando la cotización del “dólar solidario” que en la semana superó los $100.
En el caso del CCL se trata de operaciones entre particulares que no afectan las reservas del Central pero entre el cupo de los US$200 y la demanda de dólar oficial para importaciones y pagos al exterior se llevaron unos US$450 millones en el comienzo de agosto.
Sea por cuestiones de técnica financiera entre bonos o por las compras de empresas y particulares, lo concreto hasta ahora es que el acuerdo con los acreedores privados no logró descomprimir el panorama cambiario.
El cepo reforzado por Miguel Angel Pesce con la comunicación “A”7030 (un hito en el ambiente del comercio exterior por los límites que impone) lleva a que las empresas tengan dificultades para cumplir sus compromisos con el exterior.
El 8 de agosto la petrolera Tecpetrol debía cancelar un préstamo de US$325 millones con su casa matriz y ayer le anunció a la Comisión de Valores que no lo podría hacer en tiempo y forma porque el Banco Central no le había liberado los dólares para hacerlo.
La falta de respuesta del Central puede ser atendible en función de la escasez de divisas y en tiempos de pandemia y cuarentena pero, tarde o temprano, esas demoras terminan generando altos costos en el mundo real.
Que el gobierno quiera evitar un salto cambiario tiene su fundamento. Cristina Kirchner pasó por la experiencia de la devaluación de comienzos de 2014 que, en un clima de confianza escasa, generó relativamente más inflación que alivio al sector externo.
Mantener a raya al dólar oficial como lo viene haciendo Pesce con un esquema de actualizaciones periódicas y sin una regla prefijada (sube a un ritmo de 31% anual) tiene la intención de evitar atrasos pero, también y esencialmente, el intento de tratar de despejar la expectativa de que podría sobrevenir un fogonazo inflacionario de la mano de la fuerte emisión de pesos de los últimos meses.
Además, en el entorno del Banco Central aseguran que “ningún exportador viene a pedir un dólar más alto” ni aún cuando el gobierno proclama su intención de generar condiciones para aumentar las exportaciones.
En la visión oficial las exportaciones argentinas deberían crecer un 25% en pocos años (pasar de US$60.000 millones a, por lo menos, US$75.000 millones anuales) para aspirar a tener un sector externo acorde con algún crecimiento sostenido.
Dicen que con el petróleo en US$45 el barril (el Brent está en US$44,5) podrían volver las exportaciones de energía desde Vaca Muerta y que un acuerdo para producir cerdos para China permitiría avanzar en el desarrollo de nichos exportadores en la búsqueda de más dólares.
Mientras tanto, este invierno, volvieron las importaciones de gas tanto de Bolivia como por barcos que se están llevando bastantes dólares por semana.
El equilibrio entre el dólar aquietado necesario para no fogonear la inflación (en agosto el costo de vida podría subir 2,5%) y el requerido para aumentar las exportaciones (¿le sacarán impuestos?) será un punto central de ahora en más en la negociación que comenzará el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que tiene vencimientos por US$40.000 millones entre 2022 y 2023.
El ministro Martín Guzmán adelantó que su intención es llegar a un acuerdo con el organismo en el primer trimestre del año próximo presumiblemente para evitar demoras que puedan complicarle al oficialismo la campaña para las elecciones legislativas.
El gobierno lleva como ventaja que ya acordó con los bonistas demostrando flexibilidad y voluntad de pago ( pasó de ofrecer US$40 a US$54,8 por cada lámina de 100 lo que representa unos US$16.500 millones más) y el FMI lo espera, como ocurre habitualmente, dispuesto a conversar y a otorgar más plazo para el pago. Siempre con los pies dentro del plato y más aún en los tiempos difíciles de crisis de coronavirus y campaña electoral en los EE.UU.
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