La media sanción tuvo 69 votos a favor y surgió de la síntesis de 11 proyectos de legisladores de distintas fuerzas. Ahora será el turno de Diputados de tratar el proyecto, donde ya hay un proyecto de emergencia turística similar con dictamen propio.
La senadora por Chubut Ana María Ianni, miembro informante del oficialismo, destacó que dentro de la batería de medidas para paliar la crisis y garantizar el sostenimiento del sector se incluye la prórroga del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.
El sector del turismo emplea a 650.000 personas, ocupando el cuarto lugar en la economía argentina, con aportes anuales de alrededor de 5.400 millones de dólares.
El menú de herramientas de la normativa aprobada en la Cámara Alta comprende además la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas del rubro, y medidas impositivas y fiscales que“permitan desahogar la situación prorrogando vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020”, según destacó la senadora patagónica del Frente de Todos.
Esto también incluye la suspensión de medidas cautelares que ANSES y AFIP mantengan sobre actores de la cadena turística; así como la prórroga por 180 días de vencimientos de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias; reducción de alícuotas sobre impuestos a los créditos y débitos y otras operatorias hasta el 31 de diciembre.
En cuanto a los beneficios para consumidores, se establece un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos, por única vez, para su uso dentro del país. Y se crea un régimen de preventa que otorga un crédito a favor de las personas humanas, que será del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del país, aunque con un tope que queda librado a la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.
La normativa incluye reducciones en pagos de contribuciones patronales, prórroga de vencimientos de obligaciones impositivas y fiscales y la suspensión de medidas cautelares de Anses y Afip. Para los consumidores, por su parte, se estable un bono fiscal vacacional que se entregará por única vez a familias, de acuerdo a sus ingresos.
“Cuando un tema nos une, los argentinos somos capaces de poner el caballo delante del carro, y acá lo hicimos”, ponderó la senadora radical Silvia Giacoppo. La jujeña resaltó la importancia de legislar en auxilio del turismo al señalar que “el sector emplea 650.000 personas”, ocupando así “el cuarto lugar de nuestra economía”, con aportes anuales de alrededor de 5.400 millones de dólares.
“Indudablemente es el sector más afectado por esta pandemia”, lamentó Giacoppo, e hizo un llamado para que “esta cadena no se corte, porque sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay actividad”.
A su turno, el cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio mencionó el costo económico que tendrá este plan de salvataje para el fisco nacional, que calculó en 46.000 millones de pesos. Según informó, la reducción en el pago de impuestos patronales hasta fin de año representaría una pérdida de recaudación de 11.700 millones de pesos, en tanto que el ATP implicará desembolsos totales de 33.000 millones y la reducción de impuestos al débito y crédito implicará una merma de recursos de 2.000 millones.
“En el ´Hot Sale´ la estrella de las ventas fueron los pasajes aéreos. Los argentinos están deseosos de salir. Es una de las pocas actividades que hace feliz a todo el mundo. Las familias que salen y los que los reciben”, subrayó.
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