innovaciones legales desarrolladas durante la última década para los nuevos contratos de deuda, informaron esta tarde a Télam fuentes gubernamentales.
El pronunciamiento se dará a conocer en una conferencia virtual en la que participará la directora de la Secretaría del G-24, Marilou Uy, y de la que también tomará parte Augusto de la Torre, profesor adjunto de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia; y Brad Setser, investigador principal de Economía internacional en el Consejo sobre Relaciones Exteriores, entre otros especialistas.
El encuentro fue convocado bajo el título “Cláusulas de acción colectiva en movimiento: lecciones y desafíos para la reestructuración de la deuda soberana de la era Covid-19”.
Las cláusulas de acción colectiva para la reestructuración de deuda soberana son herramientas desarrolladas durante la última década que en la actualidad se están poniendo a prueba, con las reestructuraciones llevadas a cabo en Ecuador y la Argentina, que se encuentra en su etapa final.
Las cláusulas en cuestión son la posibilidad de “redesignación” y la aplicación uniforme denominada Pacman.
En el caso de la redesignación, lo que determina es que si el 66% o las dos terceras partes de los tenedores aceptan una propuesta de restructuracion de deuda, la Argentina podrá cerrar la oferta con los que dieron el aval y excluir de la votación a aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias, entre otras cuestiones.
Por el contrario, si no se alcanza el 66% de aceptación, la Argentina sólo podrá excluir series de la votación si previamente notifica a los acreedores que aceptaron que va a llevar adelante esa exclusión y les da un plazo de cinco días para poder revocar esa conformidad.
Por su parte, la cláusula Pacman contempla la posibilidad de que la Argentina pueda lanzar una oferta de aplicación uniforme, con lo que podrá contabilizar votos en el agregado de las series sin tener en cuenta la cantidad de aval de cada serie en particular.
“Son dos innovaciones legales que se traducen en mejoras contractuales para los nuevos contratos de deuda, respetando el espíritu de los contratos existentes: que la decisión de la mayoría de los inversionistas pueda obligar a la minoría, sin que existan holdouts. Se trata entonces un perfeccionamiento de los contratos existentes, apoyado por la comunidad internacional”, dijo la fuente gubernamental.
