Aumenta la tensión entre el Gobierno y la Justicia por la cautelar sobre el traslado de jueces

distintas vetas que dejó abierto. Puede ser por el lado político, en el caso de que los senadores K avancen con más pasos para revisar los traslados de los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi como, por ejemplo, publicando edictos antes de decidir si le dan un nuevo acuerdo, o puede ser por el lado judicial.

En fuentes judiciales se especula con que la estrategia K sería recibir -aunque formalmente acaten la cautelar- en el Senado impugnaciones de organizaciones K contra Bruglia y Bertuzzi para “parrillarlos”, a pesar de que se trata de los jueces de carrera sin militancia política. 

El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli cree que los K “llegaron hasta ese borde” del delito de desobediencia de una orden judicial, aunque no descarta que la presión y el apuro de la vicepresidenta Cristina Kirchner los empuje a avanzar hacia un directo conflicto de poderes. Pero preocupan expresiones como, por ejemplo, la del senador K por Chubut, Mario Pais, en la sesión del jueves: “Quiero expresar la gravedad institucional del abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza” y pidió que fallo de Biotti sea “rechazado, ignorado y denunciado como un exceso”.

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Por lo pronto, el ex ministro de Justicia German Garavano confirmó este sábado que durante su gestión consultó a la Corte sobre el traslado del juez Bruglia y ésta le contestó por escrito que sí se podía hacer una mudanza dentro del mismo fuero y en el mismo nivel de jerarquía. Y el caso de Bertuzzi “es la misma situación”. Por eso consideró un “atropello” la revisión del traslado de Bruglia y Bertuzzi por parte de la mayoría K del Senado.

En la intimación por carta documento que Elisa Carrió les hizo el viernes a los senadores K para que no sigan avanzando con la revisión de los traslados de Bruglia y Bertuzzi, luego de desoir la cautelar del miércoles pasado de la jueza en lo contencioso administrativa Alejandra Biotti que ordenó no innovar, se recordó esa consulta de Garavano a la Corte.

En declaraciones a radio Milenium, el ex ministro confirmó que “la acordada 7 de la Corte es una aclaratoria que presenté a raíz de la acordada 4 porque siendo ministro, teníamos varios traslados que nos había derivado el Consejo de la Magistratura conforme a la ley. Teníamos la disyuntiva de qué debíamos hacer con esos traslados si enviarlos de nuevo al Senado o no”.

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Específicamente, “se preguntó por el caso de Bruglia que pasó de un tribunal oral federal a la cámara federal”. La Corte “fue muy clara al señalar que el traslado de jueces de una instancia federal a otra instancia federal no necesitaban el acuerdo del senado”, recordó Garavano (Ver documentos). La acordada 7 está firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosekrantz y Elena Highton no debieron hacerlo por no ser un fallo. Además, de la acordada los traslados de Bruglia y Bertuzzi se basan en las resoluciones del Consejo de la Magistratura, con la composición anterior, que aprobaron los cambios y los decretos del ex presidente Mauricio Macri 278 y 835 del 2018, respectivamente, que siguen vigentes.

Garavano explicó que la Corte estableció que se necesitaba nuevamente el acuerdo del Senado “si un juez que se denomina un juez de la justicia ordinaria o nacional y se pasaba un tribunal federal. Fue lo que se hizo en el caso de los jueces Carlos Mahiques y Basiglio”.

Pero para el caso de jueces federales dentro del fuero federal, “el estándar era ese otro y por eso se dictó el decreto del presidente Mauricio Macri que hoy está firme y no ha sido declarado nulo por este Gobierno, ni por la Justicia”, agregó.

Esta nueva jugada de la ofensiva K sobre la Justicia comenzó el 17 de julio cuando del representante del Gobierno, Gerónimo Ustarroz, pidió revisar 38 traslados que luego disminuyó a 10, que son en su mayoría jueces que investigan a Cristina u otros casos de corrupción K o manejan juzgados electorales estratégicos. A la semana siguiente, la mayoría K con el voto clave de la diputada lavagnista Graciela Camaño aprobó la revisión de diez pero la mandó al Gobierno y no a la Corte, como se había discutido al principio.

Más allá de desobedecer la orden de la jueza Biotti, hay un tema previo que es que el Senado, para Garavano, “no tiene facultades” para tratar en este caso la situación de diez jueces que tienen acuerdos del Senado y decretos ya dictados por el Poder Ejecutivo.

“A lo mejor también la Corte ha sido notificada del Consejo de La Magistratura de esta decisión. Eventualmente la Corte podría volver a clarificar el criterio de su acordada”, conjeturó Garavano.

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Sin embargo, hasta ahora no llegó ningún acto procesal a la Corte sobre estos dos casos y el del juez del tribunal oral federal 7, German Castelli, quien debe juzgar a Cristina en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, y también formuló reclamos al respecto.

El Gobierno tiene que contestar a la jueza Biotti sobre la precautelar a favor de Bruglia y Bertuzzi. El plazo vence el miércoles y tiene unos días más para entregar un informe sobre el fondo del tema, contó el abogado de los jueces Alejandro Carrió a este diario. Luego, la magistrada podrá confirmar o no la precautelar mientras decide si la revisión es constitucional. En el primer caso, el Gobierno podría ir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo -que es el fuero que atiende los reclamos contra el Estado- y en el segundo, los jueces optarían por hacerlo. En este tribunal de alzada, el kircherismo no encontrará buen humor porque uno de los puntos de la polémica Reforma Judicial es la fusión de ese fuero con el fuero Civil y Comercial.

En el caso de que los senadores K no acepten tampoco una cautelar definitiva si se entraría en un conflicto de poderes de lleno y la jueza Biotti podría formular ella misma una denuncia penal por desobediencia de un fallo judicial. Así la escalada llegaría a su punto mayor.

Aunque aún falta pasar varios escalones de la jerarquía judicial, el tema llegará a la Corte y con los precedentes de la acordada 7 y otros, lo más probable es que confirme a estos jueces en sus cargos. Una alta fuente judicial sostiene que el kirchnerismo sabe de ese eventual resultado y, entonces, la pregunta es ¿para qué puso en marcha este enorme dispositivo que lo conduciría a un fracaso? La respuesta sería, al igual que en el caso del procurador general interino, Eduardo Casal, apostar al desgaste, al juego sucio y a la renuncia voluntaria. “Sabemos que el diputado Moreau ya está operando. Quieren parrillar a los jueces ante la opinión pública”, como ya hicieron con otros magistrados, destacó una fuente.

Los otros objetados por sus traslados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. No se sabe qué actitud tomarán ante esta jugada del kirchnerismo, pero en la oposición se especulaba con que alguno podría haber recibido mensajes K en el sentido que no muevan las olas porque les darían un nuevo acuerdo.