El fiscal general ante la Cámara Federal
de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto de Ley de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo y que está siendo debatido en el Senado de la Nación busca “terminar con la acumulación de poder en pocas manos”.
“Entiendo que se trata de terminar con la acumulación del poder en pocas manos. Es una cuestión de política de Estado. Desde ese punto de vista no es inconstitucional”, remarcó De Luca.
El funcionario abrió la jornada del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que continuará durante toda la tarde con varios invitados, entre los que figuran Lucía Larrandart, profesora consulta de derecho penal y procesal penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín.
También participarán Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 porteño; Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; y el abogado y exjuez del Tribunal Oral federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, entre otros.
De Luca indicó que “esto no es una reforma” y que la “verdadera reforma está iniciada con el Código Procesal Federal”.
Para el fiscal “no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que hay que terminar con ese sistema porque un magistrado malo puede ser reemplazado por otro de similares características”.
Además, opinó que el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri suspendiendo la implementación del Código Procesal Penal “es inconstitucional”.
“Insisto, lo que trata de hacer es redistribuir el poder. Pero no creo que se esté tratando aquí un proyecto de reforma procesal. Seguimos con la misma estructura, con un código que cambiará el nombre de juez de instrucción a fiscal de instrucción. Este proyecto de Ley no es una reforma”, insistió.
