El Gobierno nacional envió este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional (FGS), que establece que no se usarán los recursos de esas acciones para pagar la ley de reparación histórica y se reprogaman deudas entre las provincias y la Anses.
La iniciativa firmada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, ingresó este mediodía a la Cámara baja, y deberá ser girada en las próximas horas a las comisiones de Presupuesto y Previsión Social.
Ayer, el Gobierno nacional acordó con los gobernadores de 21 provincias y con la Ciudad de Buenos Aires la suspensión por 45 días del cobro de las deudas de los préstamos de la Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) correspondientes a 2016 y cuyos intereses operan desde este mes.
Al mismo tiempo les anunció el envío del proyecto, que se concretó hoy, para “enmendar los alcances” de la Ley de Reparación Histórica impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto de ley propone “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad al Fondo de Garantía de Sustentabilidad” que administra la Anses.
El acuerdo fue alcanzado ayer durante una reunión virtual que mantuvieran desde Casa Rosada el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, con los mandatarios de la mayoría de las provincias, con excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que no registran deudas con ese organismo.
El proyecto determina que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en el Gobierno de Macri que ahora deberá abonarlos con fondos propios del Anses.
También fija que el Fondo “se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social”.
El gobierno explicó que es necesario modificar la ley de reparación histórica para evitar que se deban vender rentas del FGS para el pago del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que ahora se sostendrá con partidas del presupuesto y recursos del Anses.
Explicó que si no se modifica este criterios para cumplir con el pago de los retroactivos se deberían “vender activos por mas diez mil millones de pesos” lo que “implicarían un deterioro sustancial de los precios de dichos activos financieros generando una pérdida significativa en el valor del FGS, con potenciales derivaciones sobre la estabilidad financiera, lo que sería muy conveniente evitar”.
Además se establece un plazo de noventa días para negociar los prestamos a las provincias donde se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses.
Finalmente, se establece que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1 por ciento anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
