Marcelo Longobardi cuestionó el artículo contra los medios incluido en la Reforma Judicial: “Esto se llama Venezuela”

que implica “el cercenamiento de las libertades públicas”.

“Apareció el inefable Oscar Parrilli, que efectivamente incluyó un artículo que regula el comportamiento de los medios o que pretende hacerlo en relación con la Justicia”, comenzó el análisis del conductor de Cada Mañana.

“Por lo tanto, de acuerdo a este precepto, los jueces podrán denunciar eventuales ‘presiones de poderes mediáticos’. Con esta cláusula, comentar, opinar o analizar sobre procesos judiciales puede derivar en denuncias de los jueces”, advirtió.

Y sentenció: “Esto tiene un nombre y se llama Venezuela. A pesar de que siempre me negué a estas comparaciones, estamos hablando de denuncias penales que pueden terminar con periodistas procesados e incluso presos. Puede ser que a la gente le importe poco en este contexto, pero tenemos un problema muy grave. Siempre los procesos de cercenamiento de libertades públicas empiezan por algo”.

Longobardi responsabilizó por el artículo al senador Oscar Parrilli, ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y uno de los laderos más fieles de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“Es la señora de Kirchner y el señor Parrilli los que pretenden que la prensa no hable sobre procesos judiciales. Con esto se beneficia a un pequeño grupo de personas. Es un problema muy grave y un botón de muestra de lo que eventualmente viene en Argentina”, concluyó.

El artículo 72 del proyecto de Reforma Judicial se conoció el jueves por la noche  y dice así: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada”.

Luego se enumeran las reglas de actuación de los jueces, y dice que una de ellas, mencionada en el inciso “e”, será la obligación de “comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

Según trascendió, en el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo, la palabra “mediáticos” no aparecía.

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GK