Para la fiscalía a cargo de Sebastián Scalera, existen elementos suficientes para atribuir a Pablo Moyano “el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, y motivo bastante para
sospechar que (el dirigente sindical) ha participado en su comisión”. Por este motivo, el funcionario judicial había llamado a declaración indagatoria al hijo del líder de Camioneros para este viernes.
Sin embargo, tras un pedido de la defensa, la audiencia fue postergada y según fuentes judiciales podría realizarse la próxima semana. La jueza debe resolver además, un pedido de nulidad del caso presentado por Moyano.
En el expediente se investiga una asociación ilícita con maniobras defraudatorias contra el club Independiente. En diciembre, la jueza de Avellaneda, Brenda Madrid, dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral al barra Pablo “Bebote” Álvarez como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado entre otros. El vicepresidente del club, Pablo Moyano, está acusado de haber dirigido la asociación ilícita junto a Álvarez, pero como fue incorporado posteriormente en la investigación, no está incluido en este tramo de la causa que la magistrada ya elevó a juicio oral.
Este viernes era la fecha fijada por el fiscal Sebastián Scalera para que Pablo Moyano declare en el marco de la investigación. Pero tras la presentación de un escrito por parte de Daniel Llermanos, la indagatoria se postergó.
La defensa de Pablo Moyano pidió el sobreseimiento sosteniendo que “no se probó ni siquiera mínimamente algún vestigio de materialidad ilícita que pudiera atribuirse a mi cliente “, sostiene el escrito al que accedió Clarín, donde además habló de “orfandad probatoria”. En este sentido, el abogado sostuvo que se encuentran vencidos los plazos para el tiempo de investigación del caso.
La acusación sostiene que “desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente”. Ese planteo fue respaldado por la Cámara Penal de Lomas de Zamora, al rechazar planteos de Nakis y Maldonado.
Para el fiscal Sebastián Scalera, este grupo de personas lideradas por Bebote Álvarez -quien según su confesión como arrepentido a su vez respondía órdenes de Pablo Moyano- se “reunían habitualmente con motivos de encuentros futbolísticos en donde interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, además de sus sedes sociales y lugares en donde se disputan los encuentros, como así también en los sitios en los que el equipo de primera división de Independiente concentra previo a los partidos y en los lugares de entrenamiento”.
Entre otros aspectos, la imputación remarca que la maniobras defraudatorias contra Independiente “mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, ‘protocolos’ de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club”.
Es así que la Fiscalía indicó que en el marco de la organización existía un sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia (Moyano, Nakis, Maldonado) y la barrabrava. Es decir, que la dirigencia del club funcionaba como fuente de financiamiento de la barra. A cambio, los dirigentes contaban eventualmente con los “servicios de la barra”.
Sin embargo, la defensa de Moyano cuestionó el accionar del fiscal y por ello pidió la nulidad de la indagatoria, Daniel Llermanos acusó a Scalera de prevaricato y lo señaló como parte de la “Mesa judicial del macrismo”, vinculándolo con la causa por presunto espionaje ilegal radicada en el juzgado de Lomas de Zamora. Por estos planteos, requirió que el representante del Ministerio Público Fiscal no continúe frente a la investigación.
Será la jueza Madrid la que deberá resolver el pedido de sobreseimiento y las nulidades requeridas. En tanto, según fuentes judiciales, estos planteos “no son suspensivos de las actuaciones “, es decir, se le fijará una nueva fecha de indagatoria a Pablo Moyano.
Todos los involucrados en la maniobra fueron acusados por el fiscal Scalera como partícipes de “una organización criminal” que incluía a “directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes del Club”.
Cuando la juez Madrid envió el primer tramo del expediente a juicio oral, dio validas las acusaciones vertidas por Bebote Álvarez, y dijo que el ex barra “ha dado una detallada explicación acerca del funcionamiento de la asociación ilícita investigada, brindando, incluso, elementos probatorios que confirmarían sus dichos, todo lo cual me hace tener por acreditado, con el grado de certeza que esta etapa procesal, requiere el hecho de asociación ilícita endilgado por el Fiscal a los imputados de autos”.
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