televisión paga “hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia” de coronavirus y afirmó que la iniciativa “evita un aumento” en el costo de esas prestaciones.
El decreto “repone la noción de ‘servicio público en competencia’ a las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), que había votado el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones que (Maurico) Macri derogó con un decreto” , sostuvo el especialista en declaraciones a Télam.
En ese sentido, Becerra manifestó que la medida dispuesta ayer por Fernández “suspende aumentos, el último fue en marzo, hasta diciembre por la pandemia”.
“Y establece que la telefonía móvil, ahora catalogada como servicio público, tendrá planes básicos universales, lo que es razonable dada su imperiosa necesidad para acceder a servicios de salud, educación o al trabajo mismo”, explicó.
Becerra consideró que el decreto “hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia” y destacó que “evita un aumento que hubiera castigado aún más la economía de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Consultado sobre si la medida puede ser utilizada por las empresas como excusa para no invertir en esas actividades, dijo que “las telecomunicaciones son un sector que precisa inversiones, pero que no puede desentenderse de la situación crítica y de las brechas que padece la ciudadanía”.
“O sea, no puede hacerse a expensas de un aumento tan fuerte como el que se había anunciado”, sostuvo Becerra.
El investigador estimó que “una mesa de diálogo entre el gobierno y los operadores hallará respuestas adecuadas mientras la suspensión de aumentos dure”.
Y, citó a modo de ejemplo que “el Gobierno dispuso que el 30% de los aportes al Fondo de Servicio Universal, que deben hacer las empresas, pueda ser justificado mediante inversiones”.
“Esta decisión es de hace sólo dos meses”, destacó Becerra y consideró que “obviamente, eso sigue vigente y se inscribe en el diseño de políticas que busquen alentar las inversiones sin castigar aún más los ingresos de la sociedad en este contexto”.
Ante una consulta sobre si la categorización de servicio público en derecho significa servicios de titularidad estatal, respondió: “no es así, la telefonía básica en la Argentina es servicio público y es privada desde 1990”.
