El ejercicio en sus funciones de jueces y fiscales investigados por delitos de lesa humanidad cobró fuerza en la ciudad de Mar del Plata, donde organismos de derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema provincial que se aparte del cargo al fiscal federal Fabián Fernández Garello.
Fernández Garello fue fiscal durante más de 30 años en democracia pese a haber sido agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) donde, según investiga la Justicia, se habría dedicado al espionaje y a operaciones de inteligencia que derivaron luego en la tortura y el secuestro de personas que declararon en su contra.
En la misma semana en la que los legisladores nacionales aprobaron un dictamen para el tratamiento de la Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo, familiares de víctimas de lesa humanidad y representantes de organizaciones de derechos humanos recordaron a Télam que la “Justicia fue el único poder del Estado que se mantuvo intacto desde la dictadura cívico-militar pese a las décadas que llevamos de democracia”.
“Muchos magistrados sospechados de estos crímenes no solo ejercieron, sino que se fueron retirando de sus cargos por una cuestión de edad, y no como consecuencia de una reestructuración”, contó Fabián Muñoz, integrante de la filial Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo.
Agregó que “la existencia de presuntos criminales de lesa humanidad en el ámbito de la Justicia es un hecho” y citó “el caso del ex fiscal federal Gustavo Demarchi, quien ejerció durante años hasta que fue condenado a cadena perpetua por estos delitos”.
Se refirió así al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que en 2018 condenó a ocho acusados -entre ellos Demarchi- en virtud de su accionar desde la asociación ilícita denominada Concentración Nacional Universitaria (CNU).
Muñoz también ejemplificó con el caso del juez provincial Pedro Federico Hooft, “acusado -dijo- por múltiples crímenes de lesa humanidad, quien sigue ejerciendo pese a su edad, lo que le permite mantener sus fueros y evitar ir a prisión”.
Se trata de “uno de los casos más paradigmáticos de la Justicia a nivel nacional porque él era quien archivaba los hábeas corpus de las víctimas, ejemplo, en el caso la Noche de las Corbatas, cuando sus colegas fueron masacrados y torturados”, recordó.
En el caso de Fernández Garello, el 13 de agosto pasado el juzgado federal 2 de San Martín elevó a juicio la causa por delitos de lesa humanidad contra el fiscal general y otros seis ex agentes de inteligencia, acusados por el secuestro y la tortura de tres militantes comunistas (entre el 23 y el 24 de julio de 1981).
“Estas personas lograron atravesar esas situaciones y declararon en el juicio contra el fiscal”, amplió a Télam Irma Piñeiro, integrante de la agrupación Familiares de Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires.
Tanto Muñoz como Piñeiro explicaron que Fernández Garello “se desempeñó en la Justicia durante 30 años. Comenzó su carrera con 18 años en lo que fue la Dippba donde elaboraba y firmaba de puño y letra los informes de espionaje” encontrados luego por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que denunció esta situación hace cuatro años.
Roberto Cipriano, secretario del organismo, explicó a esta agencia que “le dimos intervención a la Justicia federal y pedimos el enjuiciamiento para que sea destituido en su carácter de fiscal pero el derrotero fue bastante difícil, por el encubrimiento de las altas esferas del Poder Judicial, de parte de la Procuración General y del poder político de la provincia que se negó a dar quorum en las instancias del jury”.
Muñoz dijo que en virtud de “tanta impunidad es que emitimos una carta a la Corte Suprema de la Provincia solicitando el apartamiento de esta persona que entre 1978 y 1982 realizó al menos unas 17 operaciones de inteligencia documentadas”.
Piñeiro remarcó las diferencias respecto del caso de Hooft ya que en esa situación, cuando los organismos solicitaron su juicio político, “la Corte lo suspendió durante todo el tiempo que duró el proceso pero en el caso Fernández Garello, esto no sucedió”.
No obstante, lamentó que luego, “en el caso de Hooft el juicio no prosperó por el mismo encubrimiento corporativo y por eso sigue ejerciendo”.
La carta enviada por los organismos a la Corte “demuestra que hoy la pelota está en el techo de la Justicia provincial y ellos tienen la potestad evitar que en Mar del Plata tengamos un presunto genocida como fiscal general”, agregó.
La misiva también “apunta a iniciar una campaña para que el apoyo sea masivo a fin de evitar que funcionarios que fueron parte de la estructura que secuestró 30 mil personas y que apropió cientos de bebes, y que generó la etapa más oscura del país, ocupen esos lugares estratégicos en un contexto democrático”.
Piñeiro dijo que si bien “la justicia provincial avanzó hace muchos años porque tiene incorporado que la cabeza del proceso las llevan las fiscalías, eso hace más grave aún este caso, porque resulta que es Garello quien tiene que representar a las víctimas. Una contradicción muy importante”.
