denominada “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos y promovieron su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, según informaron fuentes judiciales.
Además, presentaron una oposición ante el Senado, en el marco del trámite de revisión del traslado del magistrado, que durante el gobierno de Mauricio Macri pasó del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que juzgó a Boudou por el caso Ciccone, a la Cámara Federal porteña.
Los denunciantes formularon extensas presentaciones ante el juzgado federal 5, a cargo María Eugenia Capuchetti; la Cámara alta y el Consejo de la Magistratura, en los que relataron crónicas periodísticas de la época que vinculaban el traslado de Bertuzzi con su intervención en el juicio del caso Ciccone en 2018, que concluyó con la condena a Boudou a 5 años y diez meses de prisión y con una orden de “detención inmediata” pese a que la sentencia no estaba firme.
En la denuncia, el también ex ministro de Economía y su abogado recordaron que en septiembre de 2018 el Consejo de la Magistratura -con mayoría alineada al oficialismo de entonces- aprobó el traslado de Bertuzzi a la Cámara Federal porteña, aún contra la opinión no vinculante de la mayoría de los jueces que ya formaban parte de la Cámara de Apelaciones.
Los denunciantes reseñaron que, ante la consulta formulada por el órgano encargado de la promoción y la remoción de jueces, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens (que llegaron a sus cargos por concurso) se habían opuesto formalmente al traslado, mientras que Leopoldo Bruglia (que había sido trasladado meses antes desde el mismo TOF que su colega) opinó a favor de su desembarco en el tribunal de apelaciones.
Entre la larga cantidad de artículos periodísticos citados por los denunciantes, hay uno publicado por el diario La Nación, que el 8 de julio de 2018 anticipaba que Boudou “podría ser condenado a una pena máxima de 6 años de prisión” y que el gobierno de Macri pretendía “que quede preso en los mismos estrados de tribunales, apenas se lea el veredicto”.
En ese artículo ya se indicaba que las especulaciones sobre la eventual detención del exvicepresidente -que hoy cumple prisión domiciliaria- eran un tema “sugestivo para los abogados defensores” porque “Bertuzzi, presidente del tribunal, se postuló para que lo trasladen como integrante de la Cámara Federal, un tribunal clave que tiene la llave para que los casos avancen o se desguacen”.
“Los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Mariano Llorens, se opusieron esta semana, pero el tercero, Leopoldo Bruglia, lo aceptó. Para que el Consejo de la Magistratura lo traslade a la Cámara Federal se necesita el voto del oficialismo, que quiere a Boudou preso”, se adelantaba en aquel artículo publicado por La Nación y reproducido en la denuncia a la que accedió Télam.
Los denunciantes también citaron artículos referidos a cómo fueron eyectados de la Cámara Federal porteña los jueces “que no quería” el Gobierno de Macri -según se definió en un citado artículo publicado Infobae- antes del arribo de Bertuzzi: Jorge Ballestero fue llevado a la renuncia, Eduardo Farah pidió el traslado a otro tribunal y Eduardo Freiler fue destituido.
“El gobierno de Macri no tuvo problemas, hasta ahora, para lograr todo lo que se propuso en la Cámara Federal, el tribunal en el que se define el futuro de las causas de corrupción. Obtuvo la salida de tres jueces a los que no quería y la llegaba de otros dos que contaban con su aprobación. Pero eso fue hasta ahora porque el plan del oficialismo de llevar otro magistrado a la Cámara encontró un doble obstáculo”, señalaba la nota de Infobae, también del 8 de julio de 2018.
Los “dos obstáculos” mencionados en aquella nota eran el rechazo del peronismo en el Consejo de la Magistratura y la oposición de dos de los tres jueces que ya estaban en la Cámara Federal porteña: dos obstáculos que no impidieron el traslado impulsado por el entonces oficialismo.
En la causa contra la “mesa judicial” del gobierno de Macri se investiga si el expresidente y un grupo de exfuncionarios y personas de su círculo de confianza política tuvieron injerencias indebidas en el Poder Judicial entre 2015 y 2019.
