La Justicia
De acuerdo con la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los casos investigados figura la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por el Covid-19, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos.
De los siete hospitales planeados, apenas dos salieron del papel.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó la separación inmediata de Witzel de su cargo, por un período mínimo de seis meses, y le prohibió el acceso a las dependencias del gobierno.
“El grupo delictivo (integrado por miembros del gobierno de Río y empresarios) actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de Covid-19”, afirmó el juez del STJ Benedito Gonçalves, que autorizó la destitución.
Los abogados de Witzel se dijeron “sorprendidos” por la orden “unilateral” y anunciaron que responderán adoptando “todas las medidas pertinentes”.
La fiscalía había pedido la prisión de Witzel, pero el juez Gonçalves la negó, argumentando que apartarlo del cargo sería suficiente para frenar la continuidad de los delitos.
Los hechos. El STJ ordenó decenas de allanamientos, algunos con órdenes de detención, como en el caso del Pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece Witzel, y que en 2016 “bautizó” al presidente Jair Bolsonaro en las aguas del río Jordán, en Israel.
Las investigaciones reunieron indicios de que Witzel y los demás investigados cometieron delitos de corrupción activa, pasiva, asociación para delinquir y lavado de capitales, según detalló el STJ. La esposa de Witzel, Helena Witzel, también fue denunciada por la Fiscalía, que detectó pagos a su estudio de abogacía por parte de al menos uno de los empresarios involucrados en los desvíos.
La policía ya había allanado el Palacio de Laranjeiras el 26 de mayo por sospechas de fraudes en la lucha contra el nuevo coronavirus y dos semanas después la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) abrió un procedimiento de destitución del gobernador.
Río, un estado de 16,5 millones de habitantes ya registró 15.700 muertes de Covid-19, que en todo Brasil se cobró hasta la fecha casi 119 mil vidas. El índice de decesos es de 909 por millón de habitantes, muy superior a la media nacional (560/millón h).
Witzel, un ex juez de 52 años fue un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018, adhiriendo a su discurso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Luego se convirtió en uno de sus más frontales opositores, debido principalmente a las medidas de aislamiento adoptadas en su estado para contener el avance de la pandemia, criticadas por el mandatario.
Otros casos. Con Witzel, cinco de los seis gobernadores de Río de Janeiro en funciones desde 1998 han tenido problemas con la Justicia, y cuatro de ellos fueron presos en algún momento.
Anthony Garotinho (1999-2002) y su esposa Rosinha Matheus (2003-2007) pasaron por prisión por delitos electorales, que ellos niegan.
Sergio Cabral (2007-2014) está preso desde 2016 y ya ha sido condenado a cerca de 300 años de prisión en diferentes casos que develaron el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas, incluyendo las de remodelación del estadio Maracaná para el Mundial 2014. Su sucesor, Luiz Fernando Pezao, fue detenido en noviembre de 2018, acusado de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato.
