En el Gobierno ya circula una propuesta de movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen general y demás prestaciones sociales que, de ser aprobada por el
Congreso, reemplazaría a los aumentos trimestrales por decreto.
La propuesta se basa en la fórmula que rigió entre 2009 y 2017. Así se propone volver a los aumentos semestrales (en marzo y septiembre) combinando por mitades la variación de los salarios ( RIPTE) y la recaudación tributaria con destino a la Seguridad Social por beneficiarios (sin moratoria). Ese índice tendría un límite dado por la variación de la Recaudación total del sistema previsional, por beneficiarios (sin moratoria).
A su vez, hay una tercera variable. Si la inflación supera la variación de la Recaudación Total de la ANSeS (RT), se otorgaría una compensación equivalente a la mitad de la diferencia entre el índice RT y el índice de inflación ( IPC). Y esa diferencia se aplicaría “en un 80% como suma variable, y en un 20% en suma fija, logrando realizar un factor distributivo en momentos de crisis”.
Buscan que la nueva fórmula sea aprobada por el Congreso antes de diciembre. Foto Prensa Diputados / Congreso de la Nacion
El objetivo es que esta fórmula de movilidad sea aprobada por el Congreso para que el próximo aumento – de diciembre- ya se aplique la nueva movilidad, poniendo fin a los aumentos por decreto, el mecanismo que estaba previsto usar hasta fin de año.
La iniciativa busca que el presidente Alberto Fernándezno pague el costo político de cada aumento y sería una señal a la Justicia para que no prosperen las demandas de acción colectiva (Defensoría de la Tercera Edad) e individuales acotando esos reclamos a tres aumentos otorgados.
De aquí se desprende que los haberes previsionales mejoran en los períodos de buena recaudación, salarios superiores a la inflación (como pasó entre 2009-2015, según ASAP) mientras caen en los momentos de recesión, mayor inflación y pérdida salarial, como pasó durante 2016.
En el borrador del proyecto se reconoce esta pérdida en los momentos inflacionarios y recesivos, pero argumentan que “en momentos de crisis la caída del poder adquisitivo es menor por el factor compensación”
Luego, a fin de 2017, esta fórmula se modificó con aumentos trimestrales según la variación de la inflación (70%) y RIPTE (30%) pero se aplicaba con un retraso de 6 meses y en el empalme de ambas formulas quedó afuera un período. El resultado fue una pérdida jubilatoria durante 2018 y 2019 del 19,5%.
A su vez, a fin de 2019, se aprobó una ley de Emergencia, anulando los aumentos ya devengados del segundo semestre de ese año ( afectación de derechos adquiridos) y el Presidente quedó facultado para dar aumentos por decreto que resultaron inferiores a los de la fórmula anterior. Eso perjudicó a todos los jubilados y pensionados y en especial a los de haberes medianos y más altos.
Al igual como pasó con la fórmula de 2009/2017, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), el cálculo de los índices con esa cantidad de variables es más que complejo, casi imposible de verificar incluso entre los especialistas por la falta de acceso en tiempo y forma a todos los componentes de la formula.
Otros sectores del oficialismo plantean que la movilidad se aplique cada 3 meses y se base, alternativamente, en la evolución de la inflación ( IPC del INDEC) y el RIPTE, de ambos el más favorable a los jubilados, de manera de que no pierdan poder adquisitivo. Pero no tiene muchas chances de prosperar.
Estas variantes de movilidad no incluyen a las jubilaciones especiales, como docentes y docentes universitarios, que se jubilan con el 82% y se ajustan por la variación salarial del sector.
AQ
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