Tal como ocurrió en la AFIP y en la Oficina Anticorrupción, donde hubo un recambio de personal en áreas que tuvieron a cargo investigaciones por corrupción, la escoba avanza
en la Unidad de Información Financiera (UIF) Allí, entre funcionarios y empleados técnicos, fueron quince los despedidos o cesanteados, que confluyen en algo: todos participaron de distintas investigaciones respecto a supuestas maniobras de lavado de dinero de ex funcionarios kirchneristas. Desde la oposición advierten además, un cambio de posturas de la UIF en casos donde querella contra ex integrantes del último gabinete de Cristina Kirchner y contra la propia vicepresidenta.
La avanzada en el organismo antilavado que dirige el abogado Carlos Cruz ocurrió en el último mes: primero fueron desplazados de sus cargos el director de Análisis, Lucas Reboursin; el coordinador de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo; y el jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares. Luego, fueron removidos tres abogados del Departamento de Litigios Penales, dos miembros del área de Internacionales y un experto del área de Análisis, entre otros trabajadores de la Administración y del área de Supervisión.
Señalados como personal que respondía a la gestión de Mariano Federici, las actuales autoridades de la UIF decidieron correrlos de sus cargos, algo que se replicó en otros trabajadores técnicos que no tenían nada que ver con él e incluso reportaban en la UIF desde antes de su llegada. Eso sí: todos tuvieron algún grado de participación en expedientes por corrupción contra figuras del kirchnerismo.
Dirigentes de Juntos por el Cambio observan además un cambio de postura frente a las investigaciones en las que el organismo querella y que tienen como principales acusados a la vicepresidenta, sus ex socios comerciales y ex integrantes de su último gabinete.
En lo que respecta a la investigación de la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez está siendo juzgado por haber lavado 60 millones de dólares, “en vez de requerir una condena de 16 años como se había estipulado antes del cambio de gestión, se requirió una pena de 8 años“, explicó una fuente del organismo antilavado.
Otro supuesto cambio es la falta de apelación respecto a la prisión domiciliaria concedida al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por la compra de la ex imprenta Ciccone. La UIF fue querellante en la causa central, que devino en la primera condena por corrupción y detención del ex vicepresidente, ahora con el arresto morigerado.
El listado de las medidas adoptadas en las causas que se encuentran en Comodoro Py llega hasta el expediente de los Cuadernos de las Coimas, donde “no se apeló el archivo de las actuaciones del juez Marcelo Martínez di Giorgi respecto a Cristina Kirchner en un tramo del caso”. En esta acusación, al no contar con apelación de las querellas, quedó firme la decisión del magistrado, que no encontró pruebas suficientes para inculpar a la vicepresidenta.
Otro de los tramos vinculados al caso Cuadernos investiga la ruta de fondos ilegales a operaciones de lavado de dinero, estructura que según el fallecido juez Claudio Bonadio estuvo encabezada por Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. Parte de esa estructura de blanqueo llegó hasta las islas caribeñas Turks & Caicos, donde la UIF “no impulsa el decomiso y recupero de activos que se encuentran embargados”, indicaron fuentes del organismo antilavado.
Dos años después de que fueron elevadas a juicio las causas Los Sauces y Hotesur, donde Cristina, Máximo y Florencia Kirchner junto a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, fueron acusados por lavado de dinero, señalan que la UIF, que es querellante, no impulsa el inicio de los debates orales. Es de estos dos casos que la Oficina Anticorrupción ya se retiró como querellante.
Para ex funcionarios de la organismo, “que al principal acusado de operaciones de lavado se le haya pedido una pena tan baja, y que no se haya querido investigar el lavado relacionado con la corrupción de Cuadernos es preocupante”. Algo similar también denunció Elisa Carrió esta semana: “se violan compromisos internacionales que el país asumió, como investigar el lavado de activos derivado de la comisión de delitos de corrupción (Convención de Mérida y estándares GAFI), y aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes resulten condenados por hechos de lavado (estándares GAFI)”.
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