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Un proyecto de ley que establece la creación de un Programa Nacional de Empleo Mínimo Garantizado con el objetivo de proporcionar empleo comunitario para las personas desocupadas fue presentado en el Senado por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.
El programa busca promover el empleo a través de “actividades socialmente útiles” como el cuidado del medio ambiente y tareas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo, explicó la senadora en los alcances de la iniciativa presentada en la Cámara alta.
Otro de los objetivos del plan es “generar condiciones de empleabilidad para la reinserción laboral en mejores condiciones”.
El Programa Nacional de Empleo Mínimo Garantizado se creará, en caso de aprobarse la ley, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Entre las metas que se fija el plan están las de “promover la inclusión social y el desarrollo profesional y económico de personas desocupadas y desarrollar herramientas y dispositivos tendientes al pleno empleo de la población laboralmente activa a través de la realización de actividades socialmente útiles”.
También busca “desarrollar acciones y otorgar facilidades para la transición al empleo formal y para la realización de actividades autogestionadas y promover la incorporación de personas con discapacidad como beneficiarias del Programa”.
De acuerdo al texto del proyecto, serán consideradas actividades socialmente útiles los cuidados de personas, y de medio ambiente incluyendo procesos formativos de separación y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, limpieza de espacios verdes, forestación, parquización, mantenimiento y limpieza de cauces de riego y promoción sobre temas medioambientales e higienización del entorno comunitario.
También incluye la producción de insumos textiles para la satisfacción de necesidades comunitarias y la construcción de obras de baja complejidad entre otras actividades.
El proyecto determina que las personas incorporadas al Programa percibirán en concepto de retribución una suma mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
Sagasti explicó que esta es una de las metas de “un proyecto político que busca el desarrollo económico con énfasis en la justicia social”, algo “opuesto”, dijo, “a la orientación de la política económica neoliberal y ortodoxa que no ha considerado al pleno empleo como un objetivo”.
