Sin mencionarla explícitamente, el embajador de los Estados Unidos alertó este lunes sobre el peligro implícito en el proyecto de reforma judicial que el oficialismo votó en el Senado la semana
pasada. “Atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”, opinó durante su participación en la jornada de Diálogos para la Argentina, que todos los años organiza el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En medio de las presiones para deshacer los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y de la avanzada contra el procurador Eduardo Casal, Edward Prado consideró que “es indispensable que el sistema de justicia sea transparente, independiente y justo”.
Prado sabe de lo que habla: es ex juez y fiscal federal del distrito Oeste de Texas. Para el diplomático estadounidense, el buen desempeño de la Justicia es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, desde la seguridad de los ciudadanos hasta el clima de inversiones para las empresas. Por eso recordó que “atacar a un Juez es atacar al sistema judicial y a todos quienes forman parte de él”.
El embajador, que hace tiempo no se manifestaba públicamente, participó este lunes del encuentro anual del Colegio de Abogados de la Ciudad, en el que analistas, referentes del Derecho, empresarios, diplomáticos y dirigentes políticos reflexionaron sobre los peligros de vulneración de las garantías constitucionales, la lucha por la transparencia y el Estado de Derecho a partir de las medidas de emergencia adoptadas por la pandemia de coronavirus.
“No es el momento, la oportunidad ni la forma para reformar la Justicia como se está haciendo. Una reforma seria no se puede hacer sin el consenso de los actores relevantes y aquí eso ha brillado por su ausencia”, señaló Delia Ferrerira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional respecto del proyecto oficialista.
Delia Ferreira Rubio, titular de Transparencia Internacional, durante la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad.
“De ninguna manera habilitaría una discusión de ese tipo en momentos de emergencia como se viven ahora, y el Congreso está funcionando de forma poco clara. Más jueces designados a las apuradas sin ningún criterio técnico es un error”, complementó el constitucionalista Alejandro Carrió, durante el panel que compartieron con el profesor Juan Carlos Cassagne.
En el mismo sentido se expresó Máximo Fonrouge, presidente de la entidad anfitriona: “En el proyecto no hay ningún respaldo técnico para la creación de organismos y cargos, si no un simple toma y daca para aprobarlo”.
Máximo Fonrouge, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, durante la jornada anual de la institución.
En el panel previo, el presidente de la International BAR Association -organismo que nuclea a los colegios de abogados de todo el mundo- Horacio Bernardes Neto, señaló: “Los abogados somos fiscales del Estado de Derecho y debemos velar porque se respete en este contexto de pandemia”.
La tensión entre médicos y juristas es global, pero no es casualidad que el tema de la Justicia esté gravitando tanto aquí, dondelas decisiones se tomaron por DNU y no por Ley y hay casos muy graves de abuso de poder y violencia institucional”, planteó el analista Marcos Novaro.
El cierre del encuentro estuvo a cargo del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, quien advirtió: “Un fenómeno estrictamente global como la pandemia no ha sido manejado desde el punto de vista global. La ONU es un espectador: Estados Unidos y China lo ha hecho cada uno por su lado y hasta nuestra América Latina está fragmentada.”
El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, durante la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad.
En sus conclusiones, Fonrouge recordó que el Colegio “a lo largo de sus 107 años de existencia ha honrado su misión de defender la institucionalidad de la República y el adecuado funcionamiento de la Justicia”, y reclamó la construcción de consensos para abordar los problemas que enfrenta el país: “Es necesario que el Consejo de la Magistratura funcione como corresponde, y esto no es posible por la ley aprobada en 2006 que alteró el equilibrio. Esto no ayuda a seleccionar los mejores jueces ni a remover a quienes merecen ser removidos”.
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