El Gobierno nacional mantuvo en las últimas semanas varias reuniones con todos los actores involucrados en la situación derivada de la toma de tierras de Villa Mascardi, con el objetivo de fijar condiciones para un futuro acuerdo que permita poner fin a este conflicto, que lleva más de tres años.
Fuentes oficiales vinculadas a estos encuentros explicaron a Télam que “hubo varias reuniones, algunas presenciales y otras remotas, y habrá nuevos encuentros con todos los actores involucrados”.
De hecho, consignaron que, en los próximos días, los habrá “con la comunidad de Villa Mascardi”.
El conflicto en la zona de Villa Mascardi se inició en 2017, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron tierras pertenecientes en su mayoría al Parque Nacional Nahuel Huapi, y hoy ocupan una superficie de unas 60 hectáreas.
De las reuniones participan funcionarios nacionales de los ministerios de Justicia y Seguridad, representantes del gobierno provincial y local, y los abogados de la comunidad mapuche que protagoniza las tomas, quienes presentaron una serie de condiciones.
La expectativa de los funcionarios que intervienen en estas charlas es poder tener en los próximos 30 o 45 días una hoja de ruta que fije condiciones para una futura convivencia y acuerdo”
“Vamos a tener reuniones con los habitantes de Mascardi en los próximos días. Estamos siguiendo una secuencia para la búsqueda de acuerdos”, explicaron a esta agencia las fuentes consultadas.
De otros encuentros participaron además integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y miembros de la Iglesia Católica, incluidos el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, ya que parte de los terrenos ocupados en Mascardi pertenecen a su diócesis.
En tanto, fuentes cercanas a Ojea aclararon a Télam que el Obispado de San Isidro sólo realizó una denuncia por usurpación del predio, pero no pidió ni el desalojo ni la intervención del gobierno nacional.
Según indicaron las fuentes oficiales, las reuniones buscan “sentar las bases para una negociación, viendo si hay acuerdo sobre las condiciones de una negociación”.
La expectativa de los funcionarios que intervienen en estas charlas es “poder tener en los próximos 30 o 45 días una hoja de ruta que fije condiciones para una futura convivencia y acuerdo”.
De otros encuentros participaron además integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y miembros de la Iglesia Católica”
“Hay un nivel de crispación que hace que las cosas no sean fáciles, sobre todo considerando que en el marco de esta situación murió Rafael Nahuel”, indicaron las fuentes, en alusión a la muerte del joven durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de la toma, en noviembre de 2017.
“El punto principal que se está conversando es bajar los elementos que provocan mayores tensiones y comenzar a conversar los temas de fondo”, indicaron las fuentes.
Estos temas de fondo incluyen el reconocimiento o no de la comunidad a cargo de la toma de tierras, y la vinculación de esa comunidad con el resto de los habitantes de Mascardi.
También está en la mesa de conversaciones el rol de la policía provincial y de las fuerzas federales.
En el diálogo entre las partes también participan autoridades de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
