Una oportunidad extraña, de las que ocurren pocas veces en los períodos en que se extreman las convulsiones en la Argentina, pareció abrirse en la madrugada circense del miércoles en la
Cámara de Diputados. En medio de la sesión, con diputados presentes que aparecían como ausentes en los tableros pero le hablaban con sus micrófonos encendidos al presidente del cuerpo Sergio Massa y con los votos que llegaban desde las pantallas de zoom montadas sobre las bancas, entre oficialistas y opositores nació la convicción de que el escándalo estaba perjudicando a todos.
En la noche no hubo acuerdo, pero con la luz del día la tensión había empezado a aflojarse. Varios diputados de Juntos por el Cambio llamaron a Massa para solidarizarse con él tras las amenazas que sufrieron él y su familia cuando militantes opositores difundieron en las redes sociales sus números de teléfono. Esos primeros diálogos amistosos e informales, que abrieron un camino, terminaron empantanados.
Los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio quieren que se firme un nuevo acuerdo con el oficialismo para permitir que se traten de manera virtual los proyectos de ley que no impliquen debates profundos. Todos están dispuestos a negociar con Massa y Máximo Kirchner para volver a sesionar.
El oficialismo también tiene razones poderosas para evitar un papelón como el que se vio esta semana, que desorientó incluso a políticos profesionales y especialistas en derecho como el Presidente de la Nación, que dijo en el mismo día que no hubo sesión y luego que sí la hubo.
Diputados de Juntos por el Cambio en conferencia de prensa en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Germán García Adrasti
El motivo más firme es que las leyes votadas de ese modo, con 132 diputados presentes que no estaban en el recinto y con casi un centenar de legisladores que estuvieron en diferentes momentos en sus bancas sin ser registrados por los mecanismos que certifican la presencia en el recinto, padecen de un defecto de origen que las vuelve impracticables.
Una de las normas que podría caer en ese problema es la del impuesto a las grandes fortunas, que el kirchnerismo quiere convertir en bandera. En el Frente de Todos saben que si un contribuyente alcanzado por el tributo se presenta ante la Justicia para decir que la ley no fue votada como manda el propio reglamento de la Cámara de Diputados, tendrá enormes posibilidades de zafar del impuesto.
A pesar de esa necesidad, hasta anoche el oficialismo no había iniciado formalmente los contactos con Juntos por el Cambio para tratar de llegar a un acuerdo que permita volver a debatir leyes con algún rasgo de normalidad.
Ese congelamiento de la relación entre el oficialismo y el principal bloque opositor podría modificarse en el fin de semana, pero mientras tanto los diputados opositores seguirán adelante con la presentación ante la Justicia para impugnar la sesión y cuestionar la validez de las leyes que se trataron en ese encuentro virtual. La denuncia, según adelantaron fuentes del interbloque opositor a este diario, estará lista el martes, y lo cierto es que los diputados que hace pocas horas denunciaban a los gritos desde sus bancas que la sesión era ilegal, no tendrán mucho espacio ahora para retraer su posición hasta el punto de no sostener ese mismo argumento ante la justicia.
Sesión de diputados en el Congreso Nacional, el 1 de septiembre de 2020.Foto: Prensa Diputados.
En el último mes, el deterioro de la relación entre Juntos por el Cambio y Massa y el resto del oficialismo llegó a niveles que no se habían visto desde el recambio de Gobierno. Hasta el mes pasado, Diputados funcionaba con un nivel de consenso que contrastaba con lo que ocurre en el Senado, en donde el oficialismo cuenta con el número de votos suficiente como para avanzar en las leyes que prefiera por sí solo.
En el bloque del Frente de Todos admiten que sin el consenso allí “no se puede hacer nada” y lo mismo sostienen los bloques más chicos de la oposición, algunos de cuyos miembros incluso aceptaron votar en la sesión cuestionada. Ese consenso llegará, seguramente, por impulso del propio Gobierno, que no puede permitirse un tembladeral semejante cuando todavía no se cumplieron los 9 meses de la asunción.
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