Integrantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo
se mostraron “optimistas y esperanzados” ante la posibilidad de que la jueza federal María Servini dicte el procesamiento del exministro español Rodolfo Martín Villa, a quien la magistrada indagó el jueves pasado por su supuesta implicación en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978.
“Tenemos expectativas de que se produzca un procesamiento. Debemos esperar la decisión de la jueza que deberá expedirse en los próximos 10 días”, señaló a Télam, el abogado Máximo Castex, representante en los Tribunales argentinos de la querella que impulsan, desde hace más de una década, familiares de víctimas españolas de crímenes cometidos entre el golpe de Estado de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil, y 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco.
No obstante, el abogado reconoce que al tratarse de delitos de lesa humanidad, la resolución de Servini podría demorarse un poco más de lo habitual en función de la complejidad de la acusación.
“Por la gravedad de los hechos, nos parece que si hay un procesamiento debería producirse una detención y el inicio de un trámite de extradición”, apuntó el letrado.
Villa, de 85 años, se presentó el jueves pasado ante el Consulado General de Argentina en Madrid para declarar por su responsabilidad en hechos represivos ocurridos en España entre 1976, 1977 y 1978, cuando ejercía el cargo de Ministro de Relaciones sindicales y luego de la Gobernación.
Se trata de casos que sucedieron tras la muerte de Franco, y cuando España se encontraba en un período de transición al régimen de monarquía constitucional, actualmente vigente.
Según fuentes judiciales, Villa dio su versión de los hechos a través de la plataforma Zoom ante la magistrada, en un trámite que se extendió por más de cinco horas.
“Se mostró lúcido, locuaz y predispuesto a someterse a la jurisdicción argentina”, señalaron a esta agencia voceros vinculados a la causa.
Durante la indagatoria, el fiscal Ramiro González le imputó a Villa su implicación en ocho hechos, y el primero de ellos es la matanza de cinco trabajadores en los denominados sucesos de Vitoria, en España, el 3 de marzo de 1976, cuando cinco trabajadores fueron asesinados a tiros en una asamblea que se disolvió en medio del accionar de las fuerzas policiales.
También se lo indagó por varios casos de represión ocurridos en Euskadi y Navarra contra manifestaciones en favor de amnistías a los presos políticos y de tener vinculaciones con el grupo parapolicial “Guerrilleros de Cristo Rey”.
Además, el Ministerio Público Fiscal lo acusó en la audiencia de haber ordenado una represión en Pamplona que dejó un muerto y seis heridos, tras la finalización de una corrida de toros realizada el 8 de julio de 1978, durante los festejos de San Fermín.
Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Franco y del período conocido como de “Transición”, Villa negó las acusaciones durante la audiencia, Villa aseguró que como ministro de Relaciones Laborales nunca ordenó “frenar manifestaciones”.
“Jamás me ordenaron asesinar terroristas”, declaró el imputado, y aseguró que no recibió órdenes de un superior sobre reprimir manifestaciones, que como funcionario siempre las permitió, y que, en todo caso, disolver esas manifestaciones era una competencia de las fuerzas policiales.
La querella reclamará además que Villa sea indagado por la muerte de Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego, un joven de 16 años asesinado de dos tiros por la espalda durante una manifestación en Barcelona, por policías que están identificados.
“Estamos con optimismo y esperanzados con la posibilidad de lograr un procesamiento. De todos modos creemos que dimos un gran paso al conseguir que Villa, después de tantos años, haya declarado por delitos de lesa humanidad. Es muy importante lo que pasó”, señaló a Télam Adriana Fernández, una de las promotoras de esta causa y nieta de un militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.
El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, un español que vivía en Argentina desde que era niño, e Inés García Holgado, descendiente de represaliados por la dictadura de Franco, se presentaron ante la justicia argentina para iniciar una causa de lesa humanidad.
Rivas buscaba reparación por el crimen de su padre, Severino, fusilado “por traición a la patria” el 29 de octubre de 1936 en Castro de Rei, en la provincia gallega de Lugo.
Severino era alcalde de ese pueblo y fue víctima de las tropas de Franco que se habían sublevado contra la Segunda República Española dando inicio a la Guerra Civil que se prolongó hasta 1939 con el triunfo del Frente Nacional que originó una dictadura de casi cuatro décadas en el país.
Inés buscaba justicia por dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que padeció la cárcel durante el régimen de Franco, y a ellos se sumó meses después Adriana.
Así se dio origen a la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y la Transición que es instruida por Servini.
