La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se manifestó hoy a favor de que exista una ley contra la violencia institucional “para que haya un compromiso de las provincias a ajustarse a protocolos de investigación y sanción” en esos casos.
La funcionaria explicó que “las provincias tienen autonomía y pueden adoptar o no nuestras recomendaciones”, al referirse a la vinculación del Ministerio nacional con las investigaciones en torno a los casos de exceso policial.
“Hay en danza un proyecto de ley contra violencia institucional que tiene la pretensión de avanzar en ese sentido, para que haya un compromiso de las provincias de adherir y ajustarse a ciertos protocolos y procedimientos de investigación y de sanción de estos hechos”, indicó Frederic.
“Hace falta una ley en ese sentido porque se ve una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las Policías””
En diálogo, con la radio online FutuRöck, la ministra dijo que una ley en ese sentido “hace falta porque se ve una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las Policías”.
“También hay realidades muy diferentes, ya que la de la provincia de Buenos Aires es una prioridad muy complicada porque es una Policía muy grande: tiene tantos efectivos como el total de las fuerzas federales (90 mil) y fue muy castigada, desfinanciada, precarizada y con mucha exigencia”, sostuvo.
Frederic destacó que una normativa de ese alcance “contribuiría a equiparar un poco más las condiciones de trabajo y servicio y, algo que creo que debe llegar en algún momento, el reconocimiento a la Policía que trabaja bien y la distinción de aquellos que no lo hacen”.
“En cada denuncia hicimos lo mismo: presentar una carta al gobernador y ministro del área para plantear la importancia de seguir con las investigaciones, retirar a los involucrados de la investigación y pasarlos a disponibilidad, pedir información y ofrecer transferir nuestro programa de uso racional de la fuerza para que lo tomen en consideración y lo utilicen en el futuro”, añadió.
La ministra contó que se siguió ese procedimiento para vincularse en el último tiempo con las provincias de Buenos Aires, Chubut, San luis, Tucumán y Chaco y “también a través del Consejo de Seguridad Interior, con reuniones virtuales, pero hasta ahí es adonde podemos llegar porque no tenemos capacidad de incidir normativamente sobre las provincias”.
