La ex esposa le dio un respiro a Lázaro Báez: esperará a que termine el juicio para reclamarle los bienes

era la antesala de obtener un ingreso mensual y proyectar lo que resultaría de una eventual división de bienes. Pero ahora, ante el inminente envío de denuncias y cartas documento, la ex esposa de Lázaro Báez, Norma Calismonte, llegó a un acuerdo y con el contratista K, y aceptó esperar a que termine el juicio por lavado de dinero para volver a discutir en qué situación queda el patrimonio del empresario K.

Pese a la separación conyugal desde noviembre de 2015, Norma Calismonte -madre de los cuatro hijos que tiene Lázaro-, nunca dejó de visitarlo en el Penal de Ezeiza, donde el contratista K ingresó en abril de 2016. Con nuevos abogados, la ex esposa del dueño de Austral Construcciones pidió informes de todas las empresas y su conformación accionaria, como sus respectivos movimientos de fondos.

“Quiere saber la cifra exacta del dinero que va a reclamar en la división de bienes”, señalaron allegados a la familia. Este plan se postergó un poco más por su decisión de denunciar a asesores letrados de Báez y un grupo de administradores que nombró los últimos años, desde la prisión.

Calismonte quiere reclamar el 50% de la fortuna de Lázaro Báez, algo que el propio empresario K describió como “lo que le corresponde”. En más de cuatro años, nunca avanzaron en la discusión sobre la división de bienes, hasta que el empresario le dio un poder de administración a los abogados Roberto Herrera y Alejandra Baldini (además defensores de Leonardo Fariña y los hijos del empresario K, Leandro y Melina).

La mujer se inquietó porque hay camionetas de Austral Construcciones que circulan por Río Gallegos sin saber quién las entregó, maquinaria alquilada por abogados con poderes que concedió Lázaro Báez desde la prisión, movimientos de dinero cuyos resultados no van a la familia ni tampoco hay certeza de que se dirijan a las cuentas bancarias judiciales.

Para ello, los abogados de Calismonte realizaron varias presentaciones judiciales para saber qué movimientos de fondos hay en las empresas intervenidas. Se trata del conglomerado en el que Lázaro Báez figura como accionista con diferentes porcentajes de participación. La principal firma es Austral, donde posee el 95% del paquete accionario (el restante está nombre de Martín Báez, preso en Ezeiza). La firma insignia, señalada como la beneficiada de obra pública vial durante el gobierno kirchnerista, quebró hace un año y medio y se están realizando diversos remates de sus bienes para hacer frente a las deudas de los acreedores.

Además, hay otras catorce empresas en las que Báez figura como accionista. A los interventores y veedores judiciales, los abogados de Norma les hicieron las mismas consultas: cuánto valen esas acciones, cuál es la situación de las firmas y si hay allí bienes registrados.

No es todo; Herrera y Baldini intimaron al ex yerno de Báez, Marcos Muller, que era responsable de administrar parte de los bienes del grupo empresarial y que ahora se dedica al rubro petrolero. Calismonte le reclamó un detalle de los movimientos de dinero, de los bienes alquilados y vendidos bajo su administración. Esta situación se replicó con otros administradores nombrados por Báez, ¿la sospecha? que manejan aún dinero sin rendirlo a la justicia ni a la familia. Se estima que son más de 2 millones de pesos por mes que circulan sin controles.

Se trata del manejo de cabañas, departamentos, estaciones de servicio y un grupo de empresas que se encuentran en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, y que además del ex yerno también son administrados por otras siete personas, en algunos casos con poderes otorgados por Báez, y en otros “simulan tener poderes. Todos están identificados y haremos las presentaciones en la Justicia, tanto en la quiebra de Austral Construcciones, como en la intervención que hay sobre las empresas”, señalaron los abogados.

El reclamo llega hasta el norte del país. Los abogados sostienen que hay empresas y personas físicas que “con un plan sistemático han desmantelado las distintas empresas del grupo, vendiendo maquinarias, desarmado las mismas para vender sus partes, y han hecho uso de las mismas bajo figuras societarias contratando con terceros”. Esto, entre otros distritos, esto habría ocurrido en Chaco.

Estos movimientos, como presuntos alquileres de propiedades en el Chaco, iban a ser denunciados por los defensores de Calismonte. Sin embargo, todo quedará en suspenso hasta tanto termine el juicio por lavado de dinero. “Es una suerte de tregua”, indicaron a Clarín allegados a la familia. Por ahora no avanzarán en las denuncias, y además esperan ver cuánto del patrimonio de Báez queda liberado después del proceso judicial.

Así, Norma Calismonte busca ponerle un número a al fortuna que reclamará al empresario K. En el marco de la causa por “la ruta del dinero K”, el fiscal Guillermo Marijuan había ordenado al Tribunal de Tasación de la Nación que determine a cuánto asciende el patrimonio del dueño del Grupo Austral.

Por años, esa suma había sido imposible de cuantificar: esparcida por al menos nueve provincias, se volvió de impredecible la administración de muchas propiedades registradas mayoritariamente a nombre de las empresas del Grupo Austral. El primer cálculo de lo oficialmente tasado, más las participaciones accionarias declaradas por Báez ante la Justicia, arroja un valor de 205 millones de dólares otorgado a las 1.420 propiedades que fueron investigadas en la causa por lavado de dinero. A la ex esposa de Báez le corresponde el 50% de los bienes gananciales: más de 125 millones de dólares.

Un dato: toda la fortuna de Lázaro Báez está embargada en al menos cinco causas judiciales por lavado de activos. Es un gran interrogante para el reclamo futuro que hará su ex esposa.

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