Maryleana Méndez: “La fijación de precios de Internet, telefonía celular y TV paga es una práctica que no se encuentra en ningún otro lado”

Costa Rica.

En diálogo con Clarín alerta por la caída en las inversiones y la baja en la calidad del servicio que provocará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández. Por eso, pide diálogo entre el Gobierno y la industria que presta servicios de Internet, telefonía y TV paga.

¿Qué visión tiene del congelamiento de precios en la Argentina hasta fin de año?

-La industria ve esto con muchísima preocupación. Fue muy sorpresivo, estaba en proceso un diálogo con el regulador, buscando configurar un servicio para las poblaciones vulnerables. Y en medio de esto sale el decreto, declarando el congelamiento de los precios. El segundo elemento preocupante es la declaración de servicio públicos, que incluye toda la reglamentación que podría acarrear. Esto en medio de la incertidumbre que genera la crisis económica argentina y la crisis sanitaria que nos preocupa a todos, son elementos que hacen aun mas grande a esta preocupación de la industria en general.

-¿Hay otros países donde esté pasando algo similar?

-La fijación de precios de Internet, telefonía celular y TV paga es una práctica que no se encuentra en ningún otro lado. En cuanto al congelamiento de precios, lo que ha sucedido durante la pandemia es que han habido decretos en el sentido de no desconectar a las personas por falta de pago o si hay una falta recurrente del pago, pues se les lleva un paquete que cubran las necesidades básicas para que se puedan sostener durante la pandemia. Sin embargo, en muchos de esos países entró el Estado a subsidiar esos paquetes y a ayudar a las poblaciones vulnerables. Pero congelamiento de precios y fijación tarifaria es algo que quedó en desuso a nivel internacional, porque el mercado y la competencia son los que mantienen los precios competitivos y el usuario cada vez está recibiendo cada vez más servicios. Hay un Indice para una Internet Accesible, de los países en desarrollo, donde la Argentina está en el lugar número siete. Es decir, tiene precios competitivos. Y congelar esos precios en estas circunstancias inflacionarias lo que hace es ralentizar enormemente las inversiones.

-El presidente puso los ejemplos de Finlandia y Noruega. ¿Allá se hizo algo parecido a lo que figura en el DNU?

-No, son países que tienen condiciones de conectividad, condiciones macroeconómicas y poder adquisitivo de la población absolutamente diferentes. Tienen servicios de mucha calidad y los precios los fija el mercado. Si comparamos el ARPU, que es el ingreso por usuario promedio en los Estados Unidos está en 28 dólares, en la Unión Europea está en alrededor de 20 dólares por usuario y así podríamos seguir comparando, pero esos dos grandes bloques de mercado son representativos. Si tomamos los estados financieros de los operadores, la Argentina está en un promedio de 5,25 dólares por usuario, o sea que es cuatro veces por debajo del promedio europeo y más de cinco veces por debajo del promedio en Estados Unidos. Por eso, esta medida va en sentido contrario a la tendencia internacional. El control tarifario existió hace 25 años o más. Cuando los mercados fueron evolucionando, creció la competencia y cambiaron las regulaciones. Es como si estuviéramos volviendo en el tiempo. Pero no podemos volver atrás, eso es imposible, porque la tecnología avanza.

¿Cómo impacta en las inversiones el cambio de reglas de juego en la Argentina?

-Las redes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones tienen dos grandes lineas de costos: operacion y mantenimiento, ya que al congelar los precios, con una inflación que sube, hay un impacto directo de sostenibilidad; y también tiene un impacto inmediato en la inversión en el desarrollo de nuevas redes o en el aumento de capacidad de las redes existentes. Cuando aumenta el riesgo, aumenta el costo de financiamiento, en un contexto de menores ingresos.

-¿Esto puede afectar la calidad de servicio que reciben los usuarios?

-Por supuesto, cuando hay un congelamiento de precios de estas características, las inversiones van a ralentizarse, por ende los nuevos servicios y el tipo de prestaciones que se brinda hacia los usuarios finales también. Las industrias de alta tecnología tienen ciclos muy cortos, porque las mismas tecnologías se van depredando unas a otras, en este ciclo de aumento de necesidad de capacidad, de aumento de datos consumidos, de las aplicaciones que surgen sobre las redes. Esto es más sensible que en otro tipo de industrias más tradicionales, como la provisión de agua potable, gas o electricidad, que son inversiones a mucho más largo plazo y no avanzan a la misma velocidad. Entonces el impacto es mucho mayor en las industrias de tecnologías como las telecomunicaciones.

-Hay paises que están anunciando subastas de frecuencias 5G. ¿El DNU aleja a la Argentina de esas nuevas tecnologías?

-Claro, los diferentes países están buscando cómo se incentivan y facilitan las inversiones, de cara a las nuevas tecnologías y al aumento de capacidades en servicios que están brindando, no sólo los vecinos de Latinoamérica, como Chile y Colombia. La 5G es un cambio radical, tecnológico y de paradigma tremendamente amplio y grande. La pandemia vino a demostrar que las telecomunicaciones son muy importantes y esenciales para la vida, el trabajo, la educación, mantener el contacto social, pero también nos pone un reto económico en todos los países. Yo creo que si no se dialoga y hay puentes de confianza, va a ser casi imposible continuar en la senda del desarrollo digital, que es una de las bases fundamentales para la recuperación económica.

-¿Qué tipo de medidas hubieran permitido universalizar el servicio?

-La preocupación por universalizar el servicio es de todos. La industria está atenta a llegar a los sectores más vulnerables. Hay que garantizar que haya ofertas de servicios que alcancen o cubran a la población. Eso se busca facilitando la competencia, bajando los costos del despliegue de infraestructura. En aquellos lugares donde no hay un modelo de negocio, también hay diferentes enfoques. Por ejemplo, Perú creó un operador móvil mayorista rural, que entrega servicios en una alianza público-privada, denominada Internet Para Todos. También hay extensión de infraestructura, que es subsidiada por fondos del Servicio Universal, que son recursos aportados por los prestadores de servicios. Eso se da en países como Colombia, Chile e incluso la Argentina. Además tenemos que pensar en subsidios a la demanda, directamente del Estado o de los fondos del Servicio Universal, para aquellas familias que aun teniendo cobertura, no pueden adquirir los servicios, porque su nivel de ingresos no se lo permite.

-¿Cómo se podría reglamentar el DNU que dictó el gobierno?

-Lo primero es que el espíritu de diálogo permanezca. En ese espíritu es importante la confianza, buscar un diálogo apropiado para todas las partes y un equilibrio regulatorio. El regulador tiene que reconocer que la diversificación de la oferta y su dinamismo es muy complejo, como para imponer medidas demasiado restrictivas de cara al usuario final. El regulador tiene que buscar las herramientas correctas para tutelar el interés de los usuarios y no interrumpir la dinámica competitiva, que beneficia al usuario.