20 víctimas cautivas en el barco “ARA Murature”, en Zárate, durante la última dictadura militar, informaron fuentes oficiales.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín condenó hoy a 18 y 22 años de prisión a Santiago Omar Riveros y Jorge Bernardo, respectivamente, por esos crímenes cometidos en el Arsenal Naval Zárate, en el barco “ARA Murature” y en Campana.
Sin embargo, con el argumento del beneficio de la duda, el tribunal consideró que la prueba existente en la causa no fue suficiente para declarar la culpabilidad del médico Di Napoli, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación.
El médico fue juzgado bajo la acusación de ser quien auscultaba a las víctimas y les indicaba a los represores si seguir o no con las torturas.
La Subsecretaria de Derechos Humanos informó hoy que apelará la absolución a Di Napoli -luego de que se den a conocer los fundamentos del veredicto el próximo 2 de noviembre- por entender que sí existen pruebas suficientes para condenar a Di Napoli.
El debate, que comenzó en agosto de 2019, investigó la responsabilidad de los imputados por crímenes cometidos contra 20 víctimas en el Arsenal Naval Zárate, en el barco “ARA Murature” y en Campana, se investigaron delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones.
Tanto Riveros como Bernardo fueron condenados por abuso sexual, delito que fue considerado como autónomo de las torturas y tormentos.
El absuelto Di Napoli se desempañaba como médico ayudante del consultorio en el Arsenal Naval de Zarate y llegó al debate oral acusado de auscultar y revisar a los detenidos para indicarles a los torturadores si debían abstenerse o continuar con las torturas.
Jorge Bernardo, Capitán Navío (R.E.) e Ingeniero en Sistemas de Armas fue Segundo Jefe del Arsenal Naval de Zárate, recibió la pena más alta, y junto con Riveros, ex jefe de la Zona IV y ya condenado en otros juicios, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral federal de San Martín está integrado por Daniel Alberto Cisneros, Walter Antonio Venditti y Eduardo Farah y, en representación del Ministerio Público Fiscal, asisten Pablo Parenti e Iván Polaco.
A su vez, intervienen las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el Dr. Pablo Llonto como querellante particular.
