El ministro de Seguridad de Santa Fe denunció a un juez federal por dos causas narco

funciones. El funcionario solicitó que se inicie un procedimiento de remoción contra Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal 4 de Rosario y en subrogancia en el Federal 2 de la ciudad de Santa Fe.

Sain basa su denuncia en dos causas vinculadas con el negocio narco. En la denuncia detalla un procedimiento policial que, de acuerdo al planteo del ministro, se frustró por el accionar de Bailaque.

El operativo, montado el 26 de junio pasado en la capital santafesina, buscaba detener a Lorena Melgarejo. La mujer era investigada desde febrero por su vinculación con una banda dedicada al comercio de estupefacientes y con ramificaciones internacionales. La causa se inició luego de detectar la llegada de una avioneta desde el Paraguay que se encargaba de trasladar droga.

El propio juez ahora denunciado había reconocido durante la tramitación de la causa que la organización que integraba la imputada, que aún permanece prófuga, tenía “capacidad corrosiva”, entre otras situaciones por “la captación de estructuras policiales”. En el proceso se verificó que Melgarejo registraba 12 cruces fronterizos en el lapso de un año con diferentes destinos: Brasil, Paraguay y Bolivia.

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó al juez que autorice el allanamiento, pero encontró exigencias de parte de Bailaque que impidieron concretar el procedimiento para detener a Melgarejo. La casa estaba ubicada en uno de los barrios denominados “calientes” de Santa Fe y en el momento del operativo comenzaba a anochecer.

A pesar de esas circunstancias, y del pedido del fiscal para actuar con celeridad, Bailaque indicó que para dar curso a la requisa domiciliaria debía efectuarse el trámite por “escrito” y “cargarse” a través del sistema informático del Poder Judicial de la Nación.

Aunque se cumplió con esa exigencia, el juez pidió luego información detallada que permitiera explicar cómo se llegó a ese domicilio y de qué manera se obtuvieron los datos. Explicó que, de lo contrario, “se estaría abriendo la puerta de otorgar al ‘olfato policial’ la posibilidad de ingresar a cualquier domicilio”. Finalmente denegó el pedido para realizar el allanamiento. Melgarejo continúa prófuga.

Según la denuncia de Sain el magistrado dilató, entorpeció y finalmente frustró el procedimiento. Lo acusa de “negligencia grave”, de “arbitrariedad” y de causar un perjuicio “irreparable” para la causa.

“Su comportamiento configuró una inexcusable y grave negligencia funcional que tuvo como consecuencia directa la frustración de una medida procesal de central trascendencia para avanzar en la investigación, ya que la solicitud de requisa domiciliaria tenía por objeto -además de secuestrar elementos relacionados con el delito investigado-, concretar la detención de la prófuga, la que no se pudo efectivizar por exclusiva responsabilidad funcional del magistrado”, concluye el ministro de Seguridad.

En su presentación, Sain le objeta también a Bailaque su accionar en una antigua causa, donde aceptó devolver a un narcotraficante un auto de alta gama en el que había sido detenido con cocaína y un arma en su interior.

En mayo de 2012 Bailaque procesó a Carlos Ascaini por el comercio de estupefacientes, un negocio que regenteaba -de acuerdo a la investigación- en localidades del sur santafesino. Sin embargo, decidió regresarle el Audi A4 en el que se lo detuvo y en el que trasladaba 1,168 kilogramo de cocaína y una pistola Browning calibre 9 milímetros.

Sain plantea que ese auto, tal como planteó la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que revocó la devolución, no sólo había sido utilizado por el imputado para comercializar drogas, sino que además podían constituir parte del “provecho” o tratarse de un “beneficio económico” de esa actividad.

La denuncia cuestiona que no se aplicó “en forma deliberada” el Régimen Penal de Estupefacientes, por el cual deben decomisarse “los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito”.

El accionar es calificado en la denuncia como “manifiestamente arbitrario”, exhibiendo “un palmario desconocimiento y/o desapego evidente al derecho aplicable”. La devolución del coche, explica Sain, “está por afuera de todo parámetro legal, no existiendo siquiera posibles criterios interpretativos que avalen la decisión adoptada por el magistrado”.

Para solicitar que se proceda a la apertura del procedimiento de remoción del magistrado, previo dictamen de la comisión de disciplina y acusación; a la suspensión y posterior destitución o, en el “hipotético e improbable” caso que no se acoja a la remoción peticionada, se aplique sanción disciplinaria, Sain hace mención a antiguos cuestionamientos de fiscales federales por irregularidades procesales y obstrucción, y a la denuncia de un legislador provincial contra Bailaque.

“Pareciera que su señoría no toma cabal dimensión de la problemática existente en nuestra provincia, y particularmente en la ciudad de Rosario, acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalización del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del estado”, le plantearon los fiscales Juan Murray y Federico Reynares Solari, lo que fue recordado en la presentación de Sain.

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EMJ