La noche más dura para Axel Kicillof y la fractura del mando policial

Kicillof estaba en la residencia del gobernador y afuera, sobre la calle 5, dispersos, circulaban varios uniformados.

Una mimesis oportuna no permitía distinguir a los que protestaban de los que cuidaban, quizá porque todos hacían ambas cosas en simultáneo: custodiar la Casa de Gobierno y protestar reclmando aumentos salariales.

Fue la primera escala de la noche más caliente de Kicillof desde que juró, el 11 de diciembre, como gobernador bonaerense. Fue, además -al margen de la implacable pandemia- la noche más larga, que extendió su drama e incertidumbre durante todo el martes.

Kicillof estuvo en su despacho junto a Sergio Berni, el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el secretario General de la gobernación, Federico Thea. La mesa se completó con Jesica Rey, la vocera, y Santiago Pérez Teruel, asesor general de Gobierno. Salvo Berni, la mesa chica del de por si chico “kicillofismo”.

Hubo contactos con Alberto Fernández y con el jefe de Gabinete, Santiago Caifero. También con Sabina Frederic, la ministra de Seguridad. En La Plata afirman que nunca se solicitó la intervención de fuerzas federales.

Berni recurrió, para cubrir vacíos en los patrullajes producto de las protestas, a formaciones especiales de la Bonaerense: el GAD y el UTOi.

En la residencia oficial, la casona que da a calle 5 donde se amontonaban las patrullas con las sirenas encendidas, estaba la mujer, Soledad, y los dos hijos del gobernador. Cuando asumió, Kicillof se instaló con su familia en una residencia que no usaron ni María Eugenia Vidal ni Daniel Scioli.

El último gobernador que vivió en La Plata de manera permanente fue el ahora canciller Felipe Solá.

La protesta había empezado cerca de las 11 del lunes cuando los uniformados, la mayoría jubilados o exonerados y algunos familiares mudaron la protesta desde la calle 7 y 50 a la gobernación. Temprano, la plaza de Adrogué, en Almirante Brown, había sido el epicentro de los reclamos de las patrullas de la zona sur del conurbano bonaerense.

Ese foco duró toda la noche y no alcanzó, siquiera, el anuncio de Bianco y Berni de que estaba contemplado un aumento salarial. “No quedó claro de cuánto va a ser. Un vigilante cobra 35 mil pesos”, le dijo a Clarín un jefe policial.

Tras el anuncio del aumento, a media mañana Berni envió mensajes a los intendentes del conurbano: “Con el anuncio de aumento se arregla todo”, transmitió.

Eso no ocurrió: antes del mediodía, mutó el formato: grupos de efectivos y de patrulleros se reunieron, de manera sorpresiva, en diferentes municipios y hubo casos que generaron mucha preocupación porque circularon móviles policiales y encendieron la sirena frente a las sedes muncipales.

Ya entrada la noche del martes, el temor era que se replique esa mecánica y que se haga más notable la ausencia de efectivos en las tareas de prevención. “Hay algunos móviles menos, pero el patrullaje está garantizado”, le dijo este martes a la noche un funcionario bonaerense a Clarín.

SI la protesta se extiende, el gobierno bonaerense podría eventualmente solicitar que efectivos federales que están apostados en distintos puntos de la provincia, desarrollen tareas de prevención. “No fue necesario” confiaron desde La Plata.

La duda es de otro origen: el martes por la noche, el Gobierno parecía apostar a que la crisis se diluya con el paso de las horas y sostenía la postura de que recién el “jueves o viernes” darán precisiones sobre cómo será el aumento salarial.

“No hay interlocutor válido para negociar”, trasmitió una fuente bonaerense y puso el foco en el centro del problema: Daniel García, el jefe de la Bonaerense, fue abucheado, y la figura de Berni genera resistencias.

El problema potenció las resistencias cruzadas. “A Berni lo trajeron para conducir la polícía y hasta acá no lo logró”, confió a Clarín un intendente del peronismo. Fue el clima que se vivió en las charlas entre los alcaldes bonaerenses que tienen una relación crítica con el ministro de Seguridad.

García, el jefe uniformado de la polícía, circuló entre departamental y departamental en un intento, desesperado, por encarrilar el conflicto. No lo consiguió.

El mando policial y político quedó herido, quizá de manera irreversible. Kicillof, pero sobre todo Berni, tienen por delante un dilema que puede marcar, para siempre, su gestión: cómo administrará, una vez que se despeje la crisis, las sanciones a los amotinados.

El detalle no es menor: las protestas de este martes tuvieron, además de las dudas sobre el incremento salarial, un componente de autoprotección para tener certezas de que no habrá sanciones a los policías levantiscos.

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