Rebelión de la fuerza de seguridad, acoso pandémico en toda la Provincia, tomas de tierras gigantescas en el Conurbano, estrechez de la cuentas públicas, alta demanda de intendentes partidarios e inminente
planteo salarial de empleados estatales en oleada. Ni en el peor de los escenarios, Axel Kicillof habrá imaginado un momento tan apremiante a nueve meses del inicio de su gestión.
El gobernador comprendió la gravedad del momento casi de trasnoche, cuando el lunes se transformaba en martes. Con el crepitar de la fogata protestona policial reflejada en la amplia puerta vidriada de la Residencia de la Gobernación. La vigilia de efectivos era en su propia casa. La fuerza destroncada. Sin conducción. Y amenazante de su crédito político. Fueron horas de consultas con la Casa Rosada. El ministro del área, Sergio Berni, en esas volutas de humo especulativas amenazaban hasta con su permanencia en el cargo. Kicillof administra. ¿Resuelve? Los prejuiciosos sostienen que depende de la opinión de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La forma que concluya el planteo activo, callejero, de los cuerpos de patrulla, infantería y otras funciones determinaría la permanencia del funcionario más expuesto en el gabinete bonaerense. Viernes. Es el día. Cuando hablen de plata.
A propósito, dinero escasea en el estado provincial. Kicillof sabe del déficit. Acaba de fondear $ 15.000 millones para proveedores que hace meses no cobran. Es deuda para gasto corriente, el ducto tan temido por los economistas. Hace un mes, el gobernador logró aprobar la Ley de Financiamiento para tomar acreencias por US$ 500 millones y $ 28.000 millones. Fue para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia por Covid-19.
Protesta de la policia bonaerense en Plaza Alsina de Avellaneda. Foto: Federico Imas
La caída de la actividad económica es del 20%. El fisco bonaerense no observa un desmoronamiento de la recaudación propia, pero tampoco ayuda. Por eso, el presidente Alberto Fernández decidió un refuerzo de partidas de casi $ 50.000 millones para Buenos Aires. Y $ 12.000 millones, precisamente, para el Plan de Seguridad. En el acto del anuncio, Fernández y Kicillof obviaron hablar de los sueldos de 90.000 agentes. Del descuido estas calamidades.
Habrá más ayuda. Prematuro, pero hay quienes piensan en las legislativas 2021. En ese horizonte hay 11 millones de electores bonaerenses. Casi el 70% en el Conurbano. El lugar de las tomas de tierra. Allí, en Guernica, la Justicia pone a prueba su poder. Ordenó el desalojo de 2.500 familias. “Sólo nos falta una víctima o un conato de masacre por represión”, se angustian en las cercanías del gobernador.
No se puede ser concesivo y de pronto repeler con violencia. En ese cepo identitario se debate el oficialismo de esta hora. Los intendentes partidarios tironean de un lado u otro. Según la circunstancia. Tanto como la pulsión que comienza desde algunos gremios estatales, pendientes del aumento a la Policía. ATE, CIcop, entre ellos. Los docentes están en tensa espera.
La toma de tierras en Guernica
A Kicillof le queda, para mayor complejidad, la negociación final con acreedores externos. Es el único “debe” que lo entusiasma. Se mira en el espejo de Martín Guzman, quien cerró un acuerdo con bonistas. Claro que, en el mientras tanto, el ministro no tenía policías anticipando San Juan en el portal de la Gobernación.
GK
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