Tras la denuncia de las inmobiliarias nucleadas en el Colegio de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) contra las franquicias en el sector que apuntó directamente a Remax, la firma se prepara para cuestionar
la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) en vía judicial. Este cuestionamiento puede incluir otras acciones, como la apelación de la medida ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Se trata del inicio de una acción judicial que promete tener varios capítulos.
Resolución de la IGJ contra REMAX.
El puntapié inicial lo dio el Colegio de Corredores al denunciar que Re/max Argentina se constituyó como franquicia principal de la empresa estadounidense Remax International y después la subfranquició a distintos agentes y corredores inmobiliarios. De esto se desprende que la empresa ejerce indirectamente la actividad inmobiliaria “eludiendo la legislación local, que establece ciertos requisitos” para llevar adelante la actividad.
Entre otras cosas, la resolución firmada por el inspector de justicia Ricardo Nissen señala que “Remax Internacional se beneficia de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los números subfranquiciados”.
Según el argumento de la IGJ, Remax es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias pero, para ejercer la actividad inmobiliaria, tiene que ser una persona física con la correspondiente habilitación profesional. Es decir, detrás de cada operación realizada debería estar un corredor “pero se induce a pensar que hay una persona jurídica”.
También la resolución estipula que “la exteriorización de la marca Remax genera en favor de los subfranquiciados la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que puede ser considerado como publicidad engañosa”. “Re/max Internacional no está registrada en la Argentina. Nadie puede ceder un derecho que no tiene”, explica Jorge Martín Irigoyen, abogado de Cucicba.
Según el letrado, “Remax denomina “agentes inmobiliarios” a personas que toman un curso de tres meses y con eso consiguen propiedades para poder vender y comparten los honorarios con gente que no es profesional. No son corredores inmobiliarios matriculados según lo que establece la ley”. En este sentido Irigoyen agregó: “además, de los socios de Remax, ninguno es corredor inm”obliario”. “Ellos tendrán que dar las explicaciones por todas las anomalías que estableció la IGJ”, señaló.
Desde Remax tomaron con sorpresa la resolución por la celeridad con que salió la medida ya que contestaron a la acusación el 27 de agosto, señalaron en la firma. “De todas maneras, CUCICBA viene teniendo una actitud bastante hostil con las inmobiliarias que contratan los servicios de Remax desde hace tiempo”. Y aclara: las inmobiliarias son independientes y usan la marca. Remax no ejerce el corretaje. Son las oficinas las que hacen las operaciones. Celebran los contratos a nombre propio y adhieren a una serie de servicios que siguen las mismas pautas”, explica Santiago Monti, abogado de la compañía que inició en la Argentina en 2004, a cargo de Dorothy Peñate y Sebastián Sosa.
Monti aclara que Remax tiene 500 corredores inmobiliarios y en todas las oficinas hay un corredor profesional matriculado que trabaja con un equipo de gente, que hacen las tareas que son delegables”. En total, contando corredores y “agentes” inmobiliarios hay unas 5.000 personas.
“Remax sigue operando en el mercado porque la resolución de la IGJ lo que hace es iniciar una acción judicial contra Remax que está analizando de qué manera va a ejercer sus derechos. Desde ya va a cuestionar esta resolución.. Va a ejercer sus derechos con plenitud”, dijo Monti. En la Argentina, la empresa tiene 10 oficinas en 42 ciudades.
La polémica entre las inmobiliarias tradicionales y Remax que opera a través de franquicias en el mercado inmobiliario viene desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas, se le endilga al formato de franquicias que sus “agentes inmobiliarios” son empleados que no tienen relación de dependencia con lo cual no representan gastos para la compañía, que de esta manera, compite en forma desleal con el resto del mercado.
El martes, el tema eclosionó nuevamente después de que la IGJ consideró que Remax ya no puede seguir operando, y resolvió iniciar el proceso judicial de disolución y liquidación de la misma en el marco de lo dispuesto en los Artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
La situación tiene varios antecedentes en el país. Algunos de ellos en la provincia de Mendoza y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, como en 3 de febrero y Mar del Plata, entre otros.
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