Expertos consideran inconstitucional el DNU que le quita fondos de coparticipación impositiva a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por los fondos coparticipables de la Nación. El jefe de Estado dijo que ese dinero será, en cambio, destinado a la Provincia de Buenos Aires para la creación de un plan de fortalecimiento fiscal que será utilizado para financiar un aumento salarial de los policías bonaerenses.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que pedirá una medida cautelar a la Corte Suprema para que suspenda y anule el DNU que reduce fondos de su gobierno y los constitucionalistas opinaron en sintonía con esta posición.

El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que “el derecho asiste” al Jefe de Gobierno de CABA para recurrir a la Corte Suprema para que anule el decreto presidencial que sustrae un punto de la coparticipación. “La Corte debería seguir su jurisprudencia y darle curso por el bien del Estado de Derecho”, opinó Sabsay.

Por su parte, el constitucionalista Felix Lonigro dijo que el presidente “no puede dictar DNU sobre temas impositivos” sino que la cuestión la debe decidir la Cámara de Diputados y el “el tema de la coparticipación es impositivo”. Por ende, “el DNU del Presidente quitando 1 punto de coparticipación a la CABA es inconstitucional”, concluyó Lonigro.

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A su turno, el profesor Adjunto Regular de Derecho Constitucional (UBA), Juan Ignacio Sáenz, recordó que desde la reforma de la Constitución de 1994, la municipalidad pasó a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los mismos derechos que el resto de las provincias. Por lo tanto, “el mentado porcentaje no puede ser establecido unilateralmente por el Poder Ejecutivo, sino que se requiere, como mínimo, un acuerdo entre la Ciudad y el gobierno nacional y su posterior ratificación por el Congreso de la Nación y la legislatura Local”.

Además, el Decreto 735/20 “es inconstitucional también pues destina el “saldo a favor” resultante de la disminución en la alícuota de la Ciudad, a acrecentar la porción de la Provincia de Buenos Aires, sin el consentimiento de las demás provincias y omitiendo la forma de “ley-convenio” impuesta por la Constitución desde 1994, como manifestación del “federalismo de concertación”, uno de los fines explícitos destacados en la Convención Constituyente”.

Por su parte, “la idea del “multilateralismo” rígido, sin matices sobre el 75.2 CN, ha sido acogida por la Corte en resoluciones recientes. En noviembre de 2015 ordenó, en las causas iniciadas por las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, que se restituyera a la “masa bruta” de impuestos coparticipables, una detracción del 15%, con destino a la ANSeS que había sido aplicada transitoriamente en los ’90 por un pacto fiscal, pero que luego fue prorrogada muchos años por leyes unilaterales del Congreso”, agregó Sáenz.

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“Más cerca, en octubre de 2019, la Corte ordenó compensar a 15 provincias la reducción en sus cuotas de coparticipación provocadas por disminuciones en el impuesto a las ganancias y fijación de 0% en el IVA a alimentos, dispuestas por entonces (“Entre Ríos c/EN”)”, agregó el constitucionalista Sáenz.

Para Sáenz para la Corte “cualquier medida –directa o indirecta- que altere la masa de coparticipación, sin la mentada “multilateralidad”, es fatal en la materia, y sobre esa base, el Decreto 735/20 sería inconstitucional por su unilateralidad, muy alejada de las múltiples vías contractuales y parlamentarias previstas en el 75.2 de la Constitución”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que es “constitucional, justa y legítima” la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad de Buenos Aires había recibido en 2016 merced a un decreto de la gestión macrista, y enfatizó que “no son fondos coparticipables”.

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“No es fondo coparticipable que entregan las provincias. No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad”, afirmó Cafiero.