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La causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri avanza en dirección a determinar el grado de involucramiento de exfuncionarios y empleados de la Casa Rosada en los hechos, mientras el procesado ex jefe de la central de espías, Gustavo Arribas, insiste en que lo dejen irse del país.
Los investigadores del caso que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora continuaron además, en los últimos días, incorporando elementos tendientes a probar que también se realizó espionaje carcelario, mientras buscan determinar qué papel jugó el área de legales de la AFI en el espionaje ilegal, según indicaron a Télam fuentes con acceso a la causa.
Este viernes amplió su declaración indagatoria la excoordinadora de documentación presidencial, Susana Martinengo, quien -a través de un escrito que le presentó al juez federal Juan Pablo Auge- decidió responder las acusaciones de forma genérica, no confrontar la prueba de cargo en su cargo y no responder preguntas.
En el escrito, no explicó sus comunicaciones con los espías Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, los pedidos de información porque “le interesa al 1”, los documentos de inteligencia que supuestamente le reenvió al secretario privado de Macri, Darío Nieto; ni dijo nada sobre porqué facilitó a los espías el número de celular del entonces diputado Emilio Monzó, una de las víctimas del espionaje ilegal.
“En alguna oportunidad pude haberme visto tentada de aparentar un rol más importante del que realmente tenía, indicando que podía hacer llegar cierta información a mis superiores, pero esa posibilidad jamás existió realmente”, fue uno de los párrafos que ensayó en la defensa que, según quienes siguen de cerca el caso, la dejó más cerca del procesamiento.
La situación también podría complicarse para los espías que declararon esta semana e intentaron atacar el expediente por la vía de cuestionar el inicio de la causa y el tratamiento dado en la primera parte de la investigación –cuando aún intervenía el juez Federico Villena- a los teléfonos secuestrados, como fueron Leandro Arque y Facundo Melo.
Los dos imputados y sus respectivos teléfonos celulares son piezas clave de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, religiosos, sindicales, sociales y periodistas, entre los que se destacan la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el sindicalista Hugo Moyano y Florencia Macri, hermana del expresidente.
Tanto Melo como Araque sostuvieron que la causa se originó en un declaración falsa del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez que sostuvo que el primero lo había contactado para que colocara un artefacto explosivo en el acceso al edificio en el que vivía un exfuncionario del Ministerio de Defensa y así darle un “susto”; a la vez que cuestionaron la cadena de custodia del teléfono del segundo.
Esta semana, el juez Auge –a instancias de los fiscales Incardona y Eyherabide- logró constatar que en el teléfono de Melo había registrado un documento PDF titulado “Susto.doc” que contenía un informe clasificado “que podría pertenecer a la Agencia Federal de Inteligencia respecto de un artefacto explosivo depositado en la vivienda particular de un funcionario de dicho organismo de nombre José Luis Vila”, según consta en el expediente.
“De ello surgió la llamativa coincidencia entre los dichos del imputado Sergio Cristian Rodríguez relativos a que fue Facundo Melo quien le solicitó llevar un artefacto explosivo desactivado ‘a modo de susto’ al domicilio del mentado funcionario y el nombre del archivo encontrado en uno de los aparatos de telefonía celular que fueran secuestrados en su poder”, sostuvo el juez en una resolución que firmó el viernes vinculada con el espionaje carcelario.
En el teléfono de Melo también fueron detectados los grupos de Whatsapp “Argentina” y “Super Mario Bross” de los que participaban, entre otros, los exespías Jorge Sáez y Araque, en cuyo teléfono se encontró la mayor cantidad de evidencia vinculada con los seguimientos investigados en esta causa como espionaje ilegal.
A pesar de las objeciones que los exespías hayan formulado al origen de la causa y a la declaración de “Verdura” Rodríguez, el juez Auge recordó que el teléfono de Araque había sido secuestrado en el marco de otra causa en la que se allanó la casa de la pareja de éste, Cecilia Padilla, lo que lo convierte en un elemento independiente del resto de las pruebas.
Toda esa información surge de la resolución con la que Auge ordenó recabar información vinculada a la compra de videocámaras que se habrían usado para espiar a detenidos y sus abogados dentro de las cárceles.
El magistrado libró una orden de presentación para buscar documentación en la empresa que figura como de las videocámaras marca Smart Pixel secuestradas en un operativo en la Alcaidía Departamental III de La Plata.
Del celular de Araque surgió que, además de estar al tanto de las maniobras de espionaje ilegal en las cárceles y de ser parte del entramado ilegal, habría intentado sacar provecho económico de esa información al ponerla en conocimiento de la defensa Pablo Moyano en la causa conocida como “Independiente”.
En el celular de Araque se encontraron fotos “correspondientes a una cámara de seguridad, cableado y de una celda” del penal de Melchor Romero que habría sido acondicionada especialmente para la eventual detención de Moyano.
El 20 de junio pasado esa cárcel fue allanada en el marco del expediente que todavía estaba en manos de Villena, lo que permitió “acreditar no solo la instalación de cámaras de seguridad y un DVR en ese establecimiento, sino, además, la instalación de otros elementos que luego fueron retirados por quienes los habían instalado, en, al menos, dos salas de abogados y una dependencia administrativa de las autoridades penitenciarias”, según recordó el juez Auge.
Por otra parte, la semana próxima continuará en la agenda de la causa el intento de Arribas de irse del país bajo el pretexto de que pretende reencontrarse con su esposa y su hija que viven en Brasil –país al que regresaron a principio de agosto- y para desarrollar su trabajo como representante de futbolistas.
El martes 15 se desarrollará la audiencia ante la Cámara Federal de La Plata en la que se tratará la apelación de la defensa de Arribas al fallo que le rechazó la autorización para salir del país por considerar que un acto semejante podía acarrear “riesgos procesales”.
Arribas pretendía viajar primero a Brasil y luego a Europa, donde planeaba moverse en vuelos privados y había señalado que se iba a abocar a la transferencia del futbolista brasileño Allan Lureiro del Napoli de Italia al Everton del Reino Unido que, finalmente, anunció que el pase ya se concretó (aunque el ex jefe de la AFI permanece en Argentina).
De cara a esa audiencia, los fiscales Diego Iglesias y Oscar Gutiérrez Eguía manifestaron no adherir a la apelación presentada por Arribas y sus abogados Alejandro Pérez Chada y Andrés Coronat, para revocar el fallo que le negó la autorización para salir del país.
