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La Cámara de Diputados buscará definir la semana próxima el cronograma de debate del proyecto de reforma judicial, aprobado el 28 de agosto por el Senado, y prevé que el tratamiento de la iniciativa demandará al menos un mes de discusión, en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara Baja.
El bloque oficialista aspira a avanzar la semana próxima en el cronograma de debate del proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias.
La agenda de discusión contará con la presencia de juristas y especialistas y, según fuentes parlamentarias, se estima que el debate demandará al menos cuatro semanas.
El Frente de Todos, que cuenta con 118 diputados, buscará acordar con los diferentes bloques provinciales el respaldo a la iniciativa, ya que Juntos por el Cambio (116) ya manifestó su rechazo absoluto al proyecto.
Días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró confiado en que la Cámara Baja sancionará el proyecto de reforma judicial y dijo que, a diferencia del Senado, el debate de la iniciativa “será más largo” que la discusión en la Cámara Alta.
“Estamos abiertos a escuchar, a discutir y a modificar si hace falta. Tenemos que sacarnos todos los prejuicios y hacer todo el esfuerzo: cada vez que nos peguen una cachetada tenemos que poner la otra mejilla”, afirmó días atrás Massa en declaraciones periodísticas.
Tras pronunciarse a favor de “encarar un proceso de cambio, sin miedo, sin prejuicios y sin descalificarnos unos a otros”, el presidente de la Cámara Baja adelantó que “ya hay 49 entidades anotadas que van a dar su opinión” en los plenarios de comisiones.
El camino para abrir el debate de la iniciativa quedó allanado esta semana, luego de que el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio lograron acordar tras varios días de controversias el protocolo de funcionamiento del cuerpo que permitirá seguir debatiendo de manera virtual o mixta en temas poco conflictivos y de forma presencial las cuestiones que generen más controversias.
En ese marco, Massa adelantó la intención del oficialismo de debatir a lo largo de cuatro semanas el texto en el marco de varios plenarios de las comisiones que serían las de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, todas en manos del oficialista Frente de Todos.
En el oficialismo estiman que si bien contarán con el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto, confían en que podrían lograr el número reglamentario de 129 diputados para dar quórum y habilitar la sesión y que incluso algunos integrantes de la oposición podrían estar ausentes o abstenerse al momento de votar el proyecto.
Fuentes parlamentarias confiaron que el oficialismo aspira a sumar el respaldo de algunos diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, incluidos los tres representantes del partido que gobierna la provincia de Misiones y el de la fuerza que está a cargo del Ejecutivo de Río Negro.
También, podría contar con el respaldo de la representante del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, que desde diciembre acompañó al oficialismo en cada una de las votaciones.
Sin embargo, Ramón dijo en declaraciones a Télam que esa bancada “aún no tomó posición al respecto” y estimó que el debate “durará mucho, al menos 10 o 12 reuniones de comisión”.
Desde el radicalismo, el diputado por Chubut, Gustavo Mena, vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que el proyecto “va de frente a sancionar una inconstitucionalidad ya declarada: propone cubrir los 23 juzgados con subrogantes, es decir, estructura una justicia provisional, sin independencia, que por eso mismo será permeable a las presiones del poder político”.
“Para impunidad de los que gobiernan, pero también para persecución penal de la disidencia”, enfatizó el diputado nacional en declaraciones a Télam, al ser consultado sobre la iniciativa impulsada por el oficialismo.
Por su parte, el presidente del Bloque Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodriguez, recordó: “Como sostuvimos hace ya un mes, nuestro bloque no votará la Reforma Judicial. Avancemos en políticas de impulso a las Pymes y el empleo genuino. No hay que olvidarse de la clase media trabajadora”.
En esa línea, el excandidato presidencial de ese espacio, Roberto Lavagna, ya fijó su posición personal en las redes sociales: “Gobernar requiere: 1) marcar el rumbo en forma duradera, 2) tener sentido de la oportunidad y 3) lograr los máximos grados de consenso posibles. Nada de eso cumple el caótico mercado de reparto posiciones judiciales, donde estamos”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá, anticipó también su rechazo a la iniciativa, al sostener que “no sólo apunta al salvataje de la camarilla de gobierno, interpelada por múltiples casos de corrupción, sino también a contar con un aparato judicial adicto que pueda arbitrar ante eventuales choques con otros sectores capitalistas en la medida en que se agrava la bancarrota del país”.
“El Frente de Izquierda no toma posición a favor de ningún bando en disputa que sea hostil a los intereses de los trabajadores”, enfatizó en declaraciones a Télam la diputada nacional.
La iniciativa, que el oficialismo aspira a aprobar a fines de octubre en el recinto, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia y, según dijeron desde el oficialismo, se trata del “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.
