Días atrás se conoció el proyecto de ley encabezado por el Diputado oficialista Carlos Heller con el propósito de crear un “aporte solidario y extraordinario” -que no es más ni menos que
un impuesto- a las “grandes fortunas”.
El proyecto se promociona con el fin de atender a la situación producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus derivaciones, con la idea de generar recursos para adoptar las medidas tendientes a brindar la mejor protección a las personas afectadas. Apunta también a minimizar los impactos negativos en el empleo y en las condiciones productivas de la Nación.
Se pretende cumplir con todo lo expuesto con un tributo por “única vez” sobre aquellas personas humanas o sucesiones indivisas del país que tengan al 31/12/2019 en territorio nacional o extranjero bienes por una valuación superior a $ 200 millones. Los sujetos del exterior quedarán alcanzados por el gravamen cuando sus bienes en el país superen la cifra mencionada.
Para los activos en el país, las alícuotas irían del 2% al 3,50%. Los situados en el exterior presentarían una situación más gravosa: 3% al 5,25%.
Mucho se ha dicho y escrito en los últimos días sobre este proyecto, principalmente sobre cuestionamientos constitucionales que surgen de una posible retroactividad, como también de la confiscatoriedad del tributo.
Aquí queremos reflexionar sobre los efectos económicos de este potencial impuesto.
Comenzamos por recordar una vieja fábula, cuya moraleja es la importancia de no matar a la “gallina de los huevos de oro”. Desde fines del año pasado, muchos empresarios argentinos han perdido interés en hacer negocios en estas tierras y han decidido emigrar a países vecinos o más lejos aún.
Es que los capitales buscan establecerse en donde mejor los tratan, en donde hay más oportunidades, en donde hay menos presión fiscal y más estabilidad económica y seguridad jurídica.
El cambio abrupto de las reglas de juego no favorece ni a la llegada de nuevos capitales ni a la permanencia de los aquí instalados.
La decisión de emigrar de ciertos empresarios se ha visto acentuada con la noticia de este impuesto a las grandes fortunas. No puede ser obviado que ello posee impacto directo en las familias de trabajadores argentinos, por cuanto sus negocios no se desarrollarán en nuestro país, lo cual frena el crecimiento económico y la apertura de puestos de trabajo, y, peor aún, otros cerrarán por la crisis y por la presión fiscal, en constante aumento.
El piso de $ 200 millones, una vez convertido al tipo de cambio del 31/12/2019, arroja la suma de US$ 3.350.645. Si bien es una cifra interesante, está muy lejos de ser una “gran fortuna”. Recordemos que se deben sumar todos los bienes de un sujeto (inmuebles, automóviles, su negocio o empresa, ahorros en efectivo o plazos fijos o en títulos públicos, participaciones en sociedades, inversiones en fideicomisos de construcción, ¡todo!) sin descontar deudas (una fortuna ficticia).
La característica principal de las empresas es cuidar su rentabilidad, porque gracias a la misma pueden hacer frente a sus obligaciones: pagar sueldos, proveedores, impuestos, cargas sociales, invertir o subsistir.
Todo nuevo impuesto genera un efecto económico que se conoce como “traslación”, que se da con mayor o menor facilidad dependiendo de varios aspectos. El empresario “pasa” o traslada el impacto económico del tributo a sus clientes o a sus proveedores.
Es por ello que sostenemos que es poco probable que el “aporte solidario” termine “percutiendo” en quien tenga una gran fortuna. Seguramente sean argentinos de a pie, como Don Cosme o Doña Rosa, sobre quienes efectivamente recaiga esta carga fiscal.
Por otro lado, la traslación podría ser aún más nociva: ese “pase” por las distintas etapas de la cadena productiva o comercial se irá “acumulando” etapa tras etapa. Así, el incremento del precio final de los bienes o servicios ofrecidos en el mercado podría ser mayor que el impuesto efectivamente recaudado por el Fisco. Esto se produce porque las empresas buscan mantener su margen de utilidad respecto de los costos, los que pueden incluir el nuevo impuesto que ha sido “cargado” a los precios por sus proveedores.
Hemos intentado advertir y demostrar que difícilmente el “aporte solidario” termine recayendo exclusivamente en las grandes fortunas, ello será la excepción. Lo más probable es que sean las familias argentinas quienes, de una u otra manera, terminen soportando esta propuesta legislativa, a menos que se tomen ciertas acciones correctivas.
Propuestas
¿Qué acciones correctivas sugerimos? La posibilidad de reemplazar este impuesto por:
1) un bono, es decir que el ingreso no sea a título de tributo sino de préstamo al Estado Nacional, remunerado a una tasa de mercado; o
2) inversiones productivas y en actividades estratégicas, de forma tal de estimular la economía real.
A su vez, y siendo que se intenta mantener el nivel de empleo, se propone un incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo, otorgando una deducción especial en el impuesto a las ganancias del 100% del salario abonado al sujeto que incremente su nómina con nuevos empleados por el término de 12 meses.
Adicionalmente, y con sustento en el principio constitucional de solidaridad, se propone derogar por el término de un año todos los tratamientos de privilegio que poseen los cargos políticos (diputados, senadores, jueces, poder ejecutivo), ya sea en funciones o jubilados, de forma tal que se sometan al impuesto a las ganancias sobre sus rentas en relación de dependencia o jubilaciones, tal como lo hace el común de los ciudadanos de nuestro país.
Parece estar olvidado que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…). La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” (CN, art. 16).
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que “más impuestos” no es la solución a los problemas de finanzas públicas. El eje central pasa por una gestión eficiente, por cuidar los recursos del Estado, reduciendo gastos superfluos e innecesarios y teniendo una gestión transparente del patrimonio público.
(*) Contador Público (Lisicki, Litvin y Asociados)
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