Moratoria: sostienen que debe aplicarse sin perjudicar a los que ya se jubilaron

deteriorar los haberes de los que se jubilaron o se jubilen con los años de aportes completos.

Para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, “la necesidad de una nueva moratoria habla de un sistema de Seguridad Social estructuralmente devastado que apela a remedios coyunturales mientras en paralelo sus beneficiarios ven cómo se degradan sus haberes actuales hasta convertirse hoy en un pobre subsidio que para la enorme mayoría nada tiene que ver con la historia laboral y menos con la cobertura de las necesidades básicas de su canasta”.

Semino plantea que “ cuando se habla de la necesidad de un nueva moratoria hay que definir su financiamiento tanto en lo previsional como en cuanto a salud ya que implica la Incorporación al PAMI que hasta hace una semana atrás no suministraba ni pañales”. Porque de lo contrario, agrega Semino, “se termina financiando reduciendo los haberes de los que se jubilaron y se jubilan con los años de aportes completos, como vino pasando con singular fuerza durante 2018 y 2019 y este año con los aumentos por decreto”.

Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y miembro de la Mesa del Bloque de la Unión Cívica Radical reconoce que “nuestro sistema de seguridad social nació de carácter contributivo. Sin embargo, el alto grado de informalidad laboral hizo necesario mudar de paradigma hacia un sistema con componentes no contributivos que garanticen una prestación universal para los adultos mayores. De allí la política de moratoria previsional primero y la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) luego. El resultado ha sido el fuerte aumento de la cobertura previsional, positiva para el país, pero también el desorden en cuanto a las fuentes de recursos y financiamiento de los beneficios. Urge discutir eso y aplicar recursos de impuestos y rentas generales al pago de los beneficios no contributivos, que asegure también preservar los aportes y contribuciones para las prestaciones contributivas”.

Ante la realidad de que muchas personas tienen aportes parciales, que no llegan a cumplir los mínimos para poder jubilarse, o que tienen los aportes y no los años para jubilarse, y por su edad y el contexto en el que estamos, les es imposible completarlos, Cacace dice que en estos casos “la legislación debe ser flexible en cuanto a reconocer proporcionalmente un haber de acuerdo a lo aportado. Este es un criterio que ha sido adoptado por otros países y aseguraría que las personas que se encuentran en esta situación tengan un ingreso”.

La diputada Mirta Tundis considera que si bien hoy existe la PUAM (Prestación Universal al Adulto) equivalente al 80% del haber mínimo ($ 14.503) para los que a los 65 años no pueden jubilarse por la falta de aportes. “No es justo que esa gente teniendo 20, 25 años o más, sin llegar a los 30 años, no puedan acceder a un beneficio de jubilación con sus aportes ni darle la posibilidad de cumplimentar los aportes faltantes”. Y agrega que “los que sí han completado los 30 años o más de aportes y no alcanzaron la edad jubilatoria, no tienen trabajo, y no lo tendrán, sería justo que también se puedan incorporar o tener una jubilación anticipada. También hay que considerar los que perciben rentas vitalicias puras obtenidas cuando existían las AFJP con haberes de $ 500, 1.000 y 2.000, muy inferiores al mínimo”.

Para Miguel Fernández Pastor, ex directivo de ANSeS durante la anterior gestión kirchnerista, que “se esté estudiando la implementación de una nueva moratoria es un hecho muy trascendente y esperanzador para muchas personas mayores que, por diversas circunstancias, al momento de alcanzar la edad jubilatoria no pudieron acceder al beneficio. Pero quiero llamar la atención sobre dos cuestiones que, producto de la experiencia, habría que valorar con el mayor cuidado”.

Y Fernández detalla: la primera es el tema de la “evaluación socioeconómica”, que se aplicó en las últimas moratorias, y que resultaron ser altamente toxicas para el sistema. La razón central es que para quien quiere burlar esa evaluación, porque quiere hacerse de un beneficio que no le corresponde, le es muy fácil armar con ayuda de “especialistas” la puesta en escena, necesaria para ello. Pero para aquellas personas que son pobres, probar su condición de pobre es muy complejo y denigrante. La otra cuestión que hay que prever es qué pasa con las PUAM ya que naturalmente aquellos que obtuvieron dicho beneficio perciben hoy un 80% de la jubilación mínima, mientras que con la moratoria percibirían la totalidad”.

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NE