El Tribunal Constitucional de Perú rechazó este jueves suspender el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra, impulsado por el Congreso, pero admitió evaluar la demanda para aclarar en
qué circunstancias se puede cesar a un mandatario en su último año de gobierno.
Así, el juicio político contra el presidente, acusado de corrupción, se llevará a cabo el viernes tal y como estaba previsto.
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron por cinco votos contra dos en contra de la medida cautelar presentada por el Ejecutivo porque “el peligro (de una destitución) se ha diluido, por ahora no advertimos peligro”, explicó la presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, en declaraciones a RPP Noticias.
Con la decisión adoptada por el TC, Vizcarra o su abogado deberían presentarse el viernes ante el pleno del Congreso, controlado por la oposición, para defenderse antes de que los legisladores voten sobre su destitución.
Policías custodian el Congreso peruano, en Lima. Este viernes se debatirá allí la destitución del presidente Martín Vizcarra. Foto: AFP
La presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, argumentó que la cautelar fue rechazada “a la luz de las declaraciones de los principales dirigentes de las bancadas del Congreso” y agregó que “no se ha encontrado urgencia o una situación inminente o irreparable”, según informó la agencia estatal peruana de noticias, Andina.
Agregó, además, que el tribunal decidió admitir a trámite la demanda presentada el lunes por el gobierno para detallar los requisitos para que el Congreso declare la “incapacidad moral” de un presidente. Aclaró que decidir este punto tomará “semanas”.
La moción de censura contra Vizcarra ha sido impulsada tras la difusión de unas grabaciones que lo vinculan con un posible caso de corrupción.
La oposición sospecha que el Ejecutivo pudo cometer irregularidades en la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, entre 2018 y 2020, a través de una serie de contratos valorados en 155.000 soles (más de 35.000 euros).
Las dos funcionarias que aparecen en las grabaciones ya se han apartado del gobierno, mientras que Vizcarra negó irregularidad alguna e incluso denunció un “complot”.
La ministra de Justicia, Ana Neyra, aseguró la semana pasada que el Congreso estaba interpretando “de manera equivocada e inconstitucional” la figura con la que quiere tumbar a Vizcarra.
“El modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno, está afectando competencias del Ejecutivo y minando el orden constitucional”, criticó.
La decisión de sentar a Vizcarra en el banquillo fue aprobada el viernes pasado por el Parlamento con 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Ahora se necesitan 87 votos para declarar la “vacancia” de la presidencia.
El mandatario debe hacer sus descargos en una sesión que comenzará por la mañana, tras lo cual habrá un largo debate antes de la votación.
En septiembre de 2019 Vizcarra disolvió el Parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis política. Son los nuevos parlamentarios, elegidos en enero, quienes decidirán su suerte.
El presidente llamó además a elecciones presidenciales adelantadas para abril del año que viene.
Fuente: AFP, EFE y DPA
CB
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