Polémica por el reemplazo del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

denuncias de abuso laboral. El jefe de la OEA, Luis Almagro, había vetado la reelección del funcionario, una medida que a su vez fue muy criticada por el gobierno argentino y otros dirigentes de la región.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia su decisión de llamar a concurso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de su Secretaría Ejecutiva, tras no haber obtenido la extensión contractual de su Secretario Ejecutivo Paulo Abrão”, dijo el organismo este jueves en un comunicado difundido en Washington.

“Asimismo, reafirma la importancia de su autonomía e independencia, en virtud de la cual tiene la potestad de seleccionar a la persona que debe asumir el cargo de Secretario Ejecutivo por un período de cuatro años y renovarle la confianza por una vez”, agregó, y dijo que agradecía y reconocía “altamente” la gestión de Abrao entre 2016 y 2020.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, tiene el mandato de promover la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de ese organismo. El Secretario Ejecutivo es quien lleva adelante el manejo diario. Este funcionario se elige por concurso público y cualquier persona con antecedentes puede presentarse. La Comisión dirige el concurso y selecciona al que considera más capacitado, pero el secretario de la OEA debe refrendar la decisión.

La renovación del brasileño se había decidido en enero pero Almagro salió públicamente el mes pasado a vetar la reelección con el argumento de que sobre el brasileño pesan 61 denuncias por supuesto maltrato laboral contra trabajadores que tiene a su cargo, que por ahora no se han expuesto oficialmente. Según una carta que 12 denunciantes enviaron a la CIDH (en forma anónima por temor a represalias) y que obtuvo Clarín, las quejas incluyen “abuso de poder, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdida de cargos y discriminación en relación con otras personas de cargos similares”. En un ambiente “tóxico”, varias se vieron obligadas a renunciar.

Más allá de las denuncias, la movida de Almagro causó fuertes críticas en la región, porque la considera “intervencionista”. El gobierno de Alberto Fernández, que tiene una relación muy tirante con el jefe de la OEA sobre todo por la dura posición del uruguayo sobre Venezuela, manifestó su “profunda preocupación” frente a “una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región”. México se manifestó en forma similar.

También ex diplomáticos criticaron la decisión de Almagro: “El secretario general (de la OEA) no decide sobre la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH” y calificaron de “ilegítima” y “sin fundamento” la intervención.

Críticas

En una entrevista con la televisión alemana, el presidente de la CIDH, Joel Hernández, reconoció la existencia de casos administrativos interpuestos ante la Ombudsperson de la organización, pero estimó que estos no debían afectar la renovación del contrato de Abrao, porque están pendientes de investigación. “Son situaciones generales que no tienen efectos concluyentes”, señaló.

Según contó una de las denunciantes a Clarín, Abrão “favoreció con ascensos a la gente que implementaba lo que él decía y castigaba a quienes se oponían a sus mentiras o plantaban oposición a sus cuestiones antiéticas”. Esta persona, que trabajó por más de una década en la CIDH y que prefiere no identificarse, relató que tras un planteamiento de ese tipo “ Abrão dejo de considerarme, me bajó de todos los temas importantes, me degradó de mi puesto, me puso una supervisora. Me empezaron a quitar tareas y personal y mis funciones se las dieron a una oficina nueva. Me sentía tan mal que no tuve más remedio que irme”. Señaló que, en 4 años de gestión de Abrão , se fueron del organismo unas 40 personas por casos similares.

Con el veto de Almagro, Abrão se había quedado en un limbo administrativo, sin contrato. Este jueves la CIDH cedió y llamó a un nuevo concurso para el cargo del brasileño. En el comunicado, expresaron su “profundo rechazo” a la decisión de Almagro de romper “una práctica establecida por más de 20 años de respeto a la decisión de nombrar a su Secretario Ejecutivo” y que esa medida también “dificulta la obtención de verdad, justicia y reparación a las personas que se han sentido afectadas en sus derechos laborales”.

Consultado por Clarín, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que lo que sucedió es “un grave retroceso”. Añadió que “Almagro se ha salido con la suya y ha roto con una práctica de más de 20 años según la cual el Secretario de la OEA no se inmiscuye, no se entromete en las decisiones internas de la comisión, máxime cuando se trata de seleccionar a quien tiene en la práctica el manejo de la institución”.

Vivanco señaló que “Almagro logró imponer su voluntad, dañar la credibilidad del organismo y espero que se comprometa ahora dilucidar y ventilar esas presuntas denuncias. Las personas que denunciaron tienen derecho absoluto a que sus casos sean debidamente procesados, ventilados y resueltos y espero que exista una instancia competente e independiente”.

El proceso de selección del reemplazante del brasileño , que gobernó con un presupuesto que resultó duplicado respecto de la gestión anterior, comenzará a partir del 25 de septiembre, cuando se abra en la web del organismo el sistema para la presentación de postulaciones.

PB

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