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El pedido de la Ciudad de Buenos Aires para que la Corte Suprema de Justicia defina la constitucionalidad de la quita de un punto de coparticipación no tiene plazo, pero todo indica que el máximo tribunal se abocaría a un tratamiento rápido, como suele hacer con los pedidos de relevancia política y cuando se solicita una medida cautelar.
Si bien la Corte es la única instancia en la Justicia que no actúa dentro de plazos procesales, existe una dinámica que se da en cada composición de los máximos tribunales y que se acelera cuando se piden medidas para preservar derechos vulnerados.
La Corte, presidida por Carlos Rosenkrantz, suele hacer los jueves las reuniones de acuerdo, para resolver los temas ya analizados por las secretarías y firmar resoluciones, acordadas o sentencias.
Todos los días, los secretarios letrados y sus asesores trabajan en los recursos que llegan a la Corte y cada ministro lo firma cuando se define una postura a través de los votos, que luego se analizan en las acordadas para llegar a consensos de mayoría que definen la postura del máximo tribunal.
La petición de la Ciudad tendrá ese recorrido: secretarios letrados, ministros y acordada, en el ritmo que la Corte decida darle según las prioridades de sus miembros.
