Francia afirmó ayer que sigue contraria al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y planteó tres “exigencias”, incluidas garantías de que los intercambios no acelerarán la deforestación y el respeto del Acuerdo de París sobre clima.
El gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció su posición después de recibir un informe de un comité de expertos independientes que alerta de los riesgos medioambientales que supone el acuerdo, a la vez que en Europa crecen las voces reticentes a su entrada en vigor.
“La deforestación pone en peligro la biodiversidad y altera el clima. El informe confirma la posición de Francia de oponerse al proyecto”, tuiteó el primer ministro, Jean Castex.
El gobierno lamentó en concreto que el acuerdo “no contenga ninguna disposición” para controlar las prácticas de los países del Mercosur “en materia de lucha contra esa lacra” y condicionó la continuación de las negociaciones al cumplimiento de tres “exigencias”.
Las tres “exigencias” son: que el acuerdo no pueda en “ningún caso provocar el aumento de la deforestación”, que las “políticas públicas del Mercosur sean plenamente conformes con sus compromisos con el Acuerdo de París” y que los productos agroalimentarios importados con acceso preferencial respeten las normas sanitarias y medioambientales europeas.
El informe fue encargado por el gobierno para evaluar el impacto de este acuerdo de libre comercio cerrado el año pasado entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), después de dos décadas de negociaciones.
“El acuerdo representa una oportunidad desperdiciada para la UE de utilizar su poder de negociación para obtener garantías sólidas que respondan” a las expectativas “ambientales, sanitarias y sociales de sus conciudadanos”, concluyó el comité de expertos presidido por el economista Stefan Ambec.
El informe estima que la deforestación en el Mercosur podría “acelerarse un 5% anual” debido a la superficie adicional de pastoreo que sería necesaria para cubrir el aumento de producción de carne bovina destinada a la UE (entre 2 y 4%). Evalúa además “entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2” el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que generaría el acuerdo y pone en duda que las “ganancias económicas” compensen “los costos climáticos”.
Movilización de ONGs. Macron ya se había pronunciado en contra de ese acuerdo el año pasado, en plena crisis diplomática con su par brasileño Jair Bolsonaro a raíz de los incendios en la Amazonía. Sin embargo, “Francia no quiere pararlo todo, al contrario, queremos batir el hierro mientras está candente”, indicó una fuente del ejecutivo. Además de Francia, varios países como Bélgica e Irlanda mostraron sus reticencias a seguir adelante y los Parlamentos austríaco y holandés lo rechazaron en su estado actual, especialmente, por la deforestación.
Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país figuró durante mucho tiempo como uno de sus principales impulsores, expresó por primera vez en agosto “serias dudas”.
Para que entre en vigor, todos los Parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo. Por ahora, el texto podría ser sometido a los jefes de Estado y de gobierno en un Consejo Europeo durante el otoño boreal.
Decenas de ONG’s se movilizaron igualmente en las últimas semanas en Francia en contra de ese acuerdo. El colectivo Stop-Ceta, que reagrupa a numerosas organizaciones, sindicatos y partidos políticos, reclamó ayer su abandono, juzgando el informe del comité de expertos “implacable”.
En concreto, el colectivo reclamó a Macron que haga “en Bruselas lo que afirma en París” y que construya “una alianza de Estados miembros capaz de bloquear el acuerdo desde el momento en que sea sometido a examen en el seno del Consejo Europeo”.
Según un reciente sondeo de YouGov llevado a cabo entre más de 5.000 personas en España, Alemania, Francia y Holanda, 3 de cada 4 encuestados desean poner freno al acuerdo si contribuye a la deforestación y perjudica el medioambiente.
