La discusión por los recursos para seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tendrá como escenario hoy un plenario de comisiones del Senado que comenzará a tratar
el proyecto de ley enviado por el Gobierno para fijar el gasto anual destinado a la policía, en medio de la polémica por la reasignación de partidas de coparticipación a CABA.
La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, será la encargada de explicar los alcances de la iniciativa que ingresó a la Cámara alta el jueves pasado, durante una videoconferencia pautada para las 17 de hoy con senadores del oficialismo y de la oposición de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales.
Batakis dará detalles del proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016.
El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.
En la videoconferencia, los senadores tratarán además una propuesta del senador Daniel Lovera, del Frente de Todos, que establece que la participación que le corresponde a CABA por aplicación de la ley de coparticipación se fija en un coeficiente equivalente al 1,40 por ciento sobre el monto total recaudado por los gravámenes de esa normativa.
El interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su posición contraria en medio de la polémica abierta cuando el gobierno nacional anunció la semana pasada la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad para resolver el conflicto generado ante un reclamo salarial de la policía bonaerense.
El gobierno de Rodríguez Larreta se había quejado porque la resolución se había adoptado unilateralmente y sin un diálogo previo pero Batakis aclaró que el tema había comenzado a hablarse con las autoridades de la Ciudad durante el verano de 2020 apenas asumido el Gobierno de Alberto Fernández.
