Una semana después de volver a confirmar su inicio, la fiscalía general de Bahía Blanca pidió la postergación del juicio contra 14 ex miembros de la conducción de la UOCRA bahiense.
Están imputados de asociación ilícita y extorsión reiterada a empresarios y cuentapropistas de la construcción de la ciudad y la zona.
Debido al contexto de crecimiento de casos de Covid-19 en el propio Poder Judicial y Bahía Blanca, el juez Eugenio Casas aceptó la solicitud del fiscal Gustavo Zorzano y el comienzo de las audiencias quedó pospuesto sin fecha. Estaba previsto para el próximo lunes, en la sala principal del quinto piso de los Tribunales bahienses, en Estomba 34.
El debate debía comenzar en abril, pero el aislamiento social, preventivo y obligatorio lo dejó pendiente. Preveía sesiones hasta el 5 de noviembre, con la participación de más de un centenar de testigos. Deben exponer sobre 41 hechos que se le atribuyen al grupo liderado por Humberto Monteros y José Burgos, la cúpula de la UOCRA bahiense hasta inicios de 2018.
La preparación del debate contemplaba la presencia de ambos y los otros 12 imputados en la sala, frente al Tribunal Oral Criminal 2 integrado, de manera unipersonal, por Casas. Sin embargo, los casos positivos en la fiscalía general, el cierre de un edificio donde funcionan varios juzgados y el retroceso de Bahía Blanca a la fase 3 esta semana, frenaron su realización.
La investigación se inició de oficio, a partir de una denuncia pública sobre “actitudes mafiosas” que realizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en plena campaña electoral para las legislativas de 2017. Por entonces, algunas obras viales que impulsaba su gobierno se encontraban frenadas a raíz de planteos que el gremio de la construcción realizaba a las contratistas.
En enero de 2018, tras una decena de allanamientos, la justicia detuvo a 14 sindicalistas, entre ellos Monteros y Burgos, los secretarios generales de la UOCRA bahiense. A Monteros, en su casa de Monte Hermoso donde fue capturado, le encontraron bolsos con 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba 423.000 dólares más. Había sido titular de una de las dos CGT en Bahía Blanca.
“Se obligaba a empresarios y personal de las firmas a suscribir acuerdos, pagar sobresueldos, contratar determinadas empresas y abonar sumas de dinero para poder trabajar” argumentó el fiscal Zorzano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 10. Las empresas con las que debían acordar prestaban servicios para obras en construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía y respondían a los mismos gremialistas.
“Monteros y Burgos eran los que disponían de directivas claras y las bajaban a quienes trabajaban directamente en las obras” agregó el investigador, que les atribuye una treintena de hechos. Como partícipe de esos y otros delitos acusó también a Guillermo Molina, que era tesorero de la UOCRA y había sido precandidato a concejal por Unidad Ciudadana en 2017.
“Esta es una causa política” esgrimió como defensa Mariano Jara, abogado de Molina, en una audiencia de preparación del juicio. “Libertad YA a los 14 presos políticos de la UOCRA seccional Bahía Blanca en la Unidad Penitenciaria 19 de Saavedra” tuiteó el 17 de mayo pasado Luis D´Elia, en plena polémica por la liberación de internos debido al avance del coronavirus.
La lista de imputados se completa con Sergio Daniel Vásquez, David Muñoz, Walter Paiz, Carlos Carrillo, Mario Matías González, Roberto Sabino Ríos, Raúl Ernesto Erbin, Pablo Gutiérrez, Sebastián Canales, Sergio Vásquez y Damián Cabrera. Todos integraban la conducción de la UOCRA o eran delegados en obras hasta finales de 2017.
Dos semanas después de los allanamientos, en las afueras de Bahía Blanca, fueron encontradas cajas y carpetas con documentación del gremio. Luego, en dos sitios diferentes cercanos a un arroyo en el acceso a Monte Hermoso, la policía halló un arsenal de armas largas y cortas. Junto a ellas había un ticket de estacionamiento de una camioneta cuya propietaria tiene como domicilio, la vivienda de Monteros en el balneario.
Por esa razón, se le imputa además tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, en concurso real de delitos. Zorzano explicó que si los empresarios, algunos titulares de firmas y otros cuentapropistas se negaban a los planteos de los gremialistas “tomaban medidas que frenaban el avance de los trabajos” como paros y asambleas.
La resolución de Casas que suspende el inicio del juicio cita la decisión del lunes de la Suprema Corte de Justicia que decidió retrogradar el servicio pleno de justicia, a la situación de excepción dictada en fase de aislamiento. Añade que a partir de esa medida “no se cuenta con personal suficiente de las distintas áreas para cumplir con el Protocolo General de Actuación para la Prevención y Seguimiento del Covid 19 en el ámbito de la Jurisdicción Administración de Justicia de la provincia de Buenos Aires”.
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