Juicio por la obra pública: más pruebas de que no se controlaban los contratos ni las firmas de Lázaro Báez

Báez, los testimonios de personal de la Inspección General de Justicia (IGJ) expusieron que Austral Construcciones desde el 2011 no presentaba sus balances: “nunca blanqueó su verdadero capital social, y nunca fue controlada hasta el 2016“, cuando ya no recibía licitaciones del Gobierno nacional. La única inspección realizada fue ese año, y previamente, determinaron los investigadores “nadie le exigía nada a la empresa ni la controlaba”. Las declaraciones ratifican la ausencia de controles a Báez por parte de otros organismos públicos, probada en la instrucción del caso y en otras causas judiciales.

El juicio se centra en el presunto direccionamiento de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a favor del “amigo presidencial”, según la imputación. Báez que administraba los hoteles de la familia Kirchner, que era su inquilino y con quien habían realizado quince operaciones inmobiliarias, entre otros negocios, ganó con sus firmas 52 licitaciones por 46.000 millones de pesos: la Justicia determinó que la mitad de las obras no se concluyeron y el empresario K percibió sobreprecios promedio, del 65%. En este expediente, la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. 

La falta de supervisión sobre el Grupo Austral ya había sido determinado por una pericia que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el año pasado y que se entregó cuando iniciaron las audiencias. La misma, con la coincidencia de dos peritos oficiales, sostuvo que Lázaro Báez recibió -sólo en cinco casos testigo-, entre 170 y 200 millones de dólares de sobreprecios, pero además concluyó que el holding no tenía capacidad técnica para obtener tantos contratos viales. La perito por parte de Cristina Kirchner sostuvo lo contrario. 

En este punto, se planteó que el Grupo perteneciente a Báez  no fue controlado debidamente. Los inspectores no chequearon la documentación, desde Vialidad no se requirió que los papeles estuvieran en regla, los controles sobre las obras en las rutas parecían nulos. Esas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó el fiscal Gerardo Pollicita durante la investigación. 

En la pericia ordenada por el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, también se especificó que “en ninguna de las obras adjudicadas las empresas presentaron el certificado de contratación, tampoco constan en los documentos analizados intimaciones por parte de Vialidad Provincial ante esta irregularidad”. La perito por parte de la vicepresidenta opinó lo contrario.

A esta situación se sumó otro planteo. La IGJ no supervisaba los movimientos de Austral Construcciones, no le exigió los balances ni la actualización de su capital social. “La empresa no era controlada por distintos organismos del Estado”, señalaron fuentes del caso. A eso debe sumarse que en Bahía Blanca hay una causa que investiga una usina de facturas falsas que Báez habría utilizado por $ 673 millones, y se apunta al encubrimiento de la AFIP, otro estamento del Estado.

En este caso puntual, la fiscalía a cargo de Diego Luciani interpeló a dos testigos que son parte de la IGJ. La contadora Verónica Lavaisse y la abogada Eugenia Piñeiro declararon el 7 y 8 de septiembre respectivamente. Ambas hicieron una inspección en Austral Construcciones, porque la firma no presentaba balances desde 2011.

“Vencido el plazo acordado para cumplir con el requerimiento, se dictaminó la existencia del incumplimiento y se esperó que la inspectora contable también pudiera esperar el cumplimiento del requerimiento específico efectuado por ella, y verificados ambos incumplimientos se dictaminó aconsejando que se proyecte una resolución aconsejando sanción”, testificaron ambas ante el TOF 2.

Las inspectoras habían planteado que se debía aplicar una multa para la sociedad y para su presidente, se aconsejó además que se reiterara la intimación para la presentación de los balances adeudados. Los números de la empresa nunca fueron claros, según dijo también la juez en lo Civil y Comercial María José Gigy Traynor, que lleva la quiebra de la firma y en su momento rechazó el concurso de acreedores al sostener que “la documentación aportada, insuficiente y poco clara, no permite conocer la organización interna de la sociedad que solicita el concurso preventivo”.

Entonces había 590 millones de pesos no capitalizados por Austral Construcciones, y un pasivo declarado de 1.500 millones que no se explicaba fehacientemente. Los números de Austral siempre estuvieron bajo sospecha, algo que además se indicó en la causa por lavado de dinero. En el expediente de La Ruta del Dinero K, el juez Sebastián Casanello sostuvo que la constructora fue utilizada para blanquear 60 millones de dólares.

Ante el relato de las inspectoras, durante la audiencia del juicio, el fiscal Luciani preguntó si recordaban  que Austral Construcciones haya sido fiscalizada, y por qué motivo. “Se decidió fiscalizarla en virtud del inicio de una información sumaria a raíz de una comunicación efectuada al organismo poniendo en conocimiento supuestas irregularidades en el accionar de la empresa”. Aquello ocurrió en 2016, y “fue a través de una designación específica de Sergio Brodsky, quién era inspector general en ese momento”.

Aquella documentación indicaba que Austral debía ser intimada por el incumplimiento de la entrega de balances ante el organismo. “Básicamente fue por eso, y cuando se realiza una visita de inspección siempre lleva implícito verificar que allí funcione la sede social, que allí funcione la sociedad”, explicaron las testigos.

Para los acusadores, durante el juicio, estos testimonios reafirman algo ya planteado en la instrucción de la causa: “Austral no era controlada por el Estado, nadie conocía con claridad sus movimientos financieros que después terminaron en diversas causas judiciales”. explicaron a Clarín.

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