La intención del Gobierno de mantener los precios máximos en los distintos canales de comercialización, según lo dispuesto por la Secretaria de Comercio, tensiona cada vez más las relaciones entre los comercios y los
fabricantes. Especialmente, tras la prorroga hasta el 31 de octubre de la vigencia de esta medida para 304 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, que se determinó para paliar la crisis desatada por el coronavirus.
El mayor problema recae entre los comercios que están por fuera de las grandes cadenas, ya que estas tienen un mayor control de parte de las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los precios máximos autorizados por el Gobierno. En cambio, el resto de las cámaras argumenta que “el incumplimiento de estas disposiciones nos hace pasibles de sanciones de multas y/o clausuras, ante posibles inspecciones”.
Así, entidades representativas de más de 150.000 comercios de consumo masivo de todo el país, entre ellas la federación que agrupa a las cadenas regionales (FASA), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los almacenes nucleados en FABA, emitieron un comunicado conjunto advirtiendo la difícil situación que están enfrentando, con riesgo de cierres masivos y pérdida de miles de fuentes de trabajo.
Estos comercios aseguran que quieren abastecer debidamente a los consumidores pero que les resulta “cada vez más difícil cumplir con esa misión, en situaciones como la actual”. Señalan que se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continúa vigente la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, que exige retrotraer los precios al 6 de Marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la Disposición 13/20).
“Esta situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores”, explicaron las entidades, acompañadas por otras agrupaciones comerciales regionales.
“A esto se suman las complicaciones que se presentan en todo el País en materia de logística por la pandemia de Covid 19 y el actual aislamiento obligatorio”, explicaron en el comunicado.
Según señalan las entidades, “la red comercial compuesta por supermercados, autoservicios, almacenes y mayoristas viene denunciando esta situación a las autoridades nacionales, ante la constante presión que reciben para aumentar sus precios al público, tales como cambios en las condiciones comerciales, quita de bonificaciones y descuentos, sobrecostos y costos ocultos en logística como, fletes, etc.”
Por eso, les están pidiendo al Gobierno que se establezca un canal de comunicación efectiva, (una mesa de diálogo, Gobierno–proveedores-mayoritas-supermercados-autoservicios-almacenes), “para analizar estos y otros temas de similar importancia que aquejan al comercio de productos de consumo masivo y ponen en serio riesgo la continuidad de sus empresas y los empleos de miles de argentinos”, consignaron finalmente.
Según informaron estas cámaras, en conjunto generan más de 500.000 empleos formales.
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