Las diputadas de Juntos por el Cambio Mariana Zuvic y Paula Oliveto pidieron esta semana a la Justicia que amplíe las investigaciones sobre lavado de dinero de fondos públicos sobre el
ex yerno de Lázaro Báez Marcos Müller a quien adjudican movimientos mensuales de dinero por unos dos millones de peso.
En una nueva presentación las legisladoras del bloque de Lilita Carrió recordaron que los abogados de la ex esposa de Lázaro Báez, Norma Calismonte, Roberto Herrera y Alejandro Baldini intimaron a Müller, que era responsable de administrar parte de los bienes del grupo empresarial y que ahora se dedica al rubro petrolero a que informe sobre supuestos fondos ocultos de Báez por unos dos millones de pesos mensuales.
El viernes Clarín reveló que el mismo Báez sospecha de algunas operaciones y dijo a su entorno que, desde su arresto domiciliario, está “investigando quiénes me robaron” aunque los investigadores no saben si dijo eso para cubrirse. Estos datos de comprobarse en sede judicial complicarían la situación del socio comercial de la vicepresidenta Cristina Kirchner en varios emprendimientos inmobiliarios.
Norma Calismonte reclamó un detalle de los movimientos de dinero, de los bienes alquilados y vendidos bajo la administración de Müller. Esta situación se repitió con otros administradores nombrados por Báez.
“La sospecha es que todavía manejan dinero sin rendirlo a la justicia ni a la familia. Se estima que son más de 2 millones de pesos por mes que circulan sin controles”, señalaron las diputadas en el escrito.
Se trata del manejo de “cabañas, departamentos, estaciones de servicio y un grupo de empresas y bienes, que se encuentran en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, y que, además del ex yerno, también son administrados por otras siete personas, en algunos casos con poderes otorgados por Báez, y en otros con poderes simulados, aunque todos están identificados y deberán rendir cuentas en la justicia, tanto en la quiebra de Austral Construcciones, como en la intervención judicial sobre las empresas”.
En una denuncia del 2018 de Carrió se relataba que, ante la detención de Lázaro Báez en abril de 2016, “comenzó un proceso de atesoramiento y ocultación del dinero robado, del cual participaron varias personas allí denunciadas. Entre ellas, se mencionaba a Marcos Müller”.
“Otra de las personas a las que recurrió Leandro Báez, fue su cuñado Marcos Müller, esposo de su hermana Luciana Báez, DNI 24861456, domiciliado en Alcorta 741 de Río Gallegos. Marcos Müller colaboró en el traslado a Chile del contenedor y de dinero físico. Él es conocido como contrabandista de Río Gallegos, quien trae desde Punta Arenas (Chile), artículos electrónicos, motos y cualquier otra mercadería solicitada”, afirmaba esa denuncia. Figura como socio o titular de las siguientes empresas: “Bauxal S.A.S, Bob Construcciones S.A., X-Treme S.A., Grupo4 S.A., Morgan S.A. y One 4 All S.A. En la actualidad está por abrir una concesionaria de motos en las calles Zapiola y Perito Moreno”.
El hecho de que Müller no está inhibido ni embargado “le permite asistir económicamente a su familia política, mediante dinero en efectivo. La familia Báez está inhibida y embargada, lo que no les ha impedido mantener su nivel de vida y realizar viajes, e incluso a Leandro Báez, correr en autos en la categoría más cara en Río Gallegos”.
Müller era el esposo de Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, procesada en la causa de la Ruta del Dinero K, y que “no puede resultar ajeno al manejo del dinero comprometido en la causa judicial, en la que ella es una de las principales acusadas”.
“Su accionar es sospechoso porque todo converge en una operatoria repetidamente explicada: la estafa al Estado mediante artilugios legales y contables y el encauzamiento de ese robo monumental por vías lícitas e ilícitas para derivar esos activos mal habidos hacia su ocultamiento y atesoramiento, en beneficio personal o grupal, hacia diversos destinos y con engañosas apariencias. Simplemente, los fondos públicos para beneficio de pocos, socios en una complicidad desprovista de todo valor, con el único afán de lucro y poder”, agregó la denuncia.
Por otra parte, los abogados de Calismonte, esposa de Lázaro Báez del cual está separada de hecho, pidieron informes de todas las empresas en las que Báez figura como accionista, con sus respectivos movimientos de fondos, para saber el valor de los bienes de la sociedad conyugal, de los cuales piensa reclamar el 50% en el proceso de división de bienes. En más de cuatro años, nunca avanzaron en la discusión sobre este asunto, hasta que ahora comenzaron a actuar sus abogados Roberto Herrera y Alejandra Baldini (además defensores de Leonardo Fariña y los hijos del empresario K, Leandro y Melina). Ella considera que “hay movimientos de dinero cuyos resultados no van a la familia ni tampoco hay certeza de que se dirijan a las cuentas bancarias judiciales”.
Zuvic y Oliveto agregaron que Müller, a través de terceros, compró recientemente tres inmuebles, en Capital Federal y sobre la calle Gobernador Moyano de Río Gallegos.
La operación inmobiliaria “una cesión de derechos de un fideicomiso inmobiliario, de la que ella fue cesionaria, fue realizada el 4 de mayo de 2018, previa reserva con la intervención de la empresa ARGENCONS S.A, por un monto de U$S 370.000 (trescientos setenta mil dólares estadounidenses)”, precisaron en la denuncia.
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