“El estado de las rutas era muy malo. Evidentemente las empresas que tenían la concesión sabían que las rutas iban a pasar a manos del Estado; entonces en los últimos años redujeron el mantenimiento a su mínima expresión”, indicó Márquez a Télam.
Precisó que “estas empresas recibieron subsidios por $ 7.000 millones en 2019, a lo que hay que sumar otros $ 3.000 millones que recaudaron por el cobro de peaje”.
“Sin embargo encontramos rutas absolutamente deterioradas, con falta de demarcación, pozos y descalce de banquinas. Y puentes sin mallas de contención”, precisó el funcionario.
Remarcó que en estos meses Corredores Viales empezó a trabajar “en todas esas obras que los privados no hicieron, aunque nos hicimos cargo del cobro del peaje de varias de las rutas en plena pandemia”, lo que significó una merma en la recaudación por la caída en la circulación.
“Empezamos a dotarlas de lo que faltaba, sobre todo en materia de seguridad vial. Hace 10 días hicimos una compra de camionetas para reforzar el trabajo en seguridad vial de las rutas”, indicó Márquez.
Puntualizó que cuando asumió la nueva gestión en diciembre del año pasado, no tenía “ningún corredor” a su cargo, y subrayó que la empresa estatal “era muy chica, con ocho empleados, y no administraba ni un metro de ruta”.
Destacó que “sí había un cronograma de traspaso de corredores concesionados que comenzaba el 31 de enero”, y señaló que “la primera ruta que ingresaba era la 34 desde Ceres, en el norte de Santa Fe, hasta San Salvador de Jujuy”.
Indicó que “el último día de cada mes hasta junio, recibimos cinco corredores”, y remarcó que “en seis meses pasamos a administrar 3.200 kilómetros”.
“Y de tener ocho empleados, a 1.400. Absorbimos toda la plantilla de cada uno de esos corredores desde la línea de gerentes hacia abajo, en las áreas de explotación, mantenimiento, seguridad vial y administración de las rutas”.
