por la familia Ramírez, una causa unificada en la que se investigan asesinatos de militantes políticos, los secuestros de tres hermanos, la supresión de sus identidades y abusos sexuales ocurridos en un hogar de guarda.
El lunes pasado, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata celebró una audiencia preliminar para determinar la fecha de este juicio que se llevaría a cabo por medios electrónicos en función de las limitaciones que impone la pandemia.
El Tribunal solicitó informes a los organismos de contención de testigos antes de fijar la fecha de inicio del debate, algo que podría conocerse en los próximos días, según consignaron a Télam fuentes judiciales.
Entre el 15 y 16 de marzo de 1977, efectivos del Ejército y la Policía bonaerense llevaron a cabo operativos en viviendas ubicadas en las localidades de San José, en el partido de Almirante Brown, y en Llavallol, Lomas de Zamora.
En esos hechos resultaron asesinados los militantes de la Organización Montoneros María Florencia Ruival, José Luis Alvarenga, María Vicenta Orrego Meza de Ramírez, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y una persona que hasta el momento no pudo ser identificada.
En la vivienda ubicada en San José fueron secuestrados por las fuerzas represivas los tres hijos de Orrego Meza de Ramírez, Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años, luego de presenciar el asesinato de su madre.
Los tres chicos fueron trasladados por una orden judicial al Hogar Casa de Belén, donde vivieron durante casi siete años alejados de sus familias y sometidos a maltratos y abusos.
La Casa Belén dependía de una parroquia de Banfield, y los hermanos Ramírez quedaron alojados allí por disposición de la jueza de Menores Marta Pons –ya fallecida-, quien de forma sistemática se negó a devolverlos a sus familiares.
“Son hijos de un paraguayo montonero que desafió la Constitución Nacional y no merece recuperarlos”, señaló en una ocasión la magistrada en plena sede judicial tras romper papeles que probaban la filiación de los chicos.
Pons se refería de esta forma a Julio Ramírez Domínguez, militante montonero que se encontraba detenido desde diciembre de 1974 a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que seis años después logró salir del país con un salvoconducto de Naciones Unidas que le permitió refugiarse en Suecia.
La magistrada ordenó la internación de los chicos en Casa Belén, que era dirigido por el matrimonio que componían Dominga Vera (81 años) y Manuel Maciel –ya fallecido- y para ello contó con el aval de la psicóloga María Teresa Gómez (69) y Nora Susana Pellicer (63), quien hasta hace pocos meses era secretaria del Tribunal de Menores N°4 de Lomas de Zamora.
Vera, Gómez y Pellicer están procesadas en esta causa por los delitos cometidos contra los hermanos en Casa Belén, junto con Juan Carlos Milone, padrino del hogar que en la actualidad tiene 91 años.
“Nos despertaban con agua fría a la mañana. No me gustaba la comida y a veces me ponía muy mal y me castigaban. Me hacían ir a comer con los perros, que eran más humanos que esa gente. Así que no era tanto el asco que yo sentía en esos momentos”, declaró María Ester en la causa.
Según consta en la causa, Maciel como Vera “emplearon violencia verbal y física contra los menores como método de disciplina, y permanentemente los obligaban a decirles ‘papá’ y ‘mamá’ y a alejarlos de todo recuerdo de sus padres”.
En el Hogar se hacían presente con frecuencia “el Flaco o Darío”, los nombres que utilizaba Milone, quien junto con otras personas cometía “abusos contra la integridad sexual” de los chicos alojados.
Desde Suecia, el padre de los chicos comenzó la búsqueda de sus hijos con la ayuda de familiares que estaban en Argentina, y en diciembre de 1983, logró reunirse con ellos en Suecia, donde actualmente residen todos.
En tanto, por los asesinatos de los militantes están acusados el exministro de la dictadura Jaime Lamont Smart, los comisarios Miguel Osvaldo Etchecolatz y Juan Miguel Wolk, y otros efectivos como Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Mario Dante Ercoli, José Augusto López, Antonio Pedro Genova, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangelli y Juan Carlos Cabrera.
En noviembre del año pasado, por iniciativa de la Unidad Fiscal de La Plata que encabeza Hernán Shapiro, el TOF 1, decidió unificar las causas y celebrar un solo juicio con el propósito de que la familia pueda defender sus derechos en un mismo debate.
“Hay una necesidad de unificar las causas para acelerar los procesos. Hace décadas que la familia Ramírez reclama justicia y necesitan que todo se resuelva de la forma más rápida posible. Como unidad fiscal, estamos dispuestos a producir toda la prueba necesaria para llegar a la verdad y hacer justicia”, señaló Shapiro en diálogo con Télam.
