No habían pasado dos semanas desde que asumió y la ministra Sabina Frederic ya había despojado a las Fuerzas de Seguridad de elementos vitales para cumplir su función. Primero, por dar de baja la mal llamada “Doctrina Chocobar”, limitando el uso de la fuerza por parte de los uniformados que debían enfrentar situaciones, que, a diferencia de un decreto, se definen en fracciones de segundos. En su momento la ministra argumentó que ese “uso ‘irracional’ incrementa la violencia en los hechos delictivos” y “estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir”. Irónico considerando que en simultáneo también derogó el reglamento para el uso de las pistolas Taser (consideradas “menos letales”), reduciendo la panoplia de herramientas no letales disponibles al personal policial.
Cuando el Inspector Juan Pablo Roldán acudió a la esquina de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours lo hizo sin saber lo que le esperaba, pero siendo plenamente consciente de las limitaciones que la burocracia estatal le había impuesto. Llegó y se encontró entre la espada y la pared: de un lado un sujeto con un desborde psiquiátrico amenazando con un arma blanca. Si le disparaba, las chances de terminar procesado iban a ser altas, ya que las autoridades, y en particular la Ministra de Seguridad, iban a alegar uso irracional de la fuerza. Si no disparaba con su arma reglamentaria, estaba en las mismas condiciones que cualquier ciudadano presente. Sin armas menos letales como el Taser que Frederic le prohibió, al policía le quedan las manos y su fe en algo superior.
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El desenlace fue el peor: Roldán entregó su vida para cuidarnos a todos. Los tuits, marcados en la parrilla de los community managers de figuras oficialistas, no se hicieron esperar. Condolencias desde la ministra hasta el presidente, pero eso no soluciona nada. Nuestros policías siguen abandonados por un marco normativo y operativo que no se condice con la realidad.
En los años 80, en Salt Lake City, un policía decidió investigar cuánto tarda un sujeto armado con un cuchillo en atacar a un policía con un arma de fuego. El resultado fue que, a una distancia de 6,5 metros entre el sospechoso y el policía, el sospechoso podía acuchillar al policía antes de que este logre desenfundar su arma y disparar. El “Tueller Drill” cambió la percepción sobre cómo se trata con sujetos con arma blanca, pero, sobre todo, abrió paso para nuevas tecnologías que les ofrecen a los policías herramientas necesarias para enfrentar diferentes tipos de amenazas y no siempre depender del uso de la fuerza letal.
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El Taser fue un primer paso en Argentina hacía diversificar las herramientas a disposición del personal policial. Una alternativa a la fuerza letal, un resguardo para el sospechoso, así como terceros en la cercanía. La derogación de uso de Taser se convirtió en una sentencia de muerte para ciudadanos, delincuentes, y policías como Roldán, al reducir las herramientas del personal policial al uso de la fuerza letal con su arma reglamentaria.
No podemos seguir pidiéndole a aquellos que nos cuidan que aparte de poner su vida en riesgo todos los días, lo hagan sin herramientas, con poco entrenamiento, y sin apoyo político de las autoridades. Una fuerza de seguridad moderna y democrática tiene que contar con todos los medios necesarios para cumplir su función y hacerlo en un marco donde la claridad doctrinal y normativa le permite tomar decisiones en las fracciones de segundos que la realidad les exige.
*Analista Internacional y Director de CRIES.
