La filtración de la identidad de más de 100 agentes de la AFI provocó una denuncia de Juntos por el Cambio en el Congreso y dos causas penales para determinar quién
es el responsable de la violación de la ley de Inteligencia en la causa por el supuesto espionaje macrista que instruye el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
Por un lado, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, presentaron una denuncia ante el presidente de la misma, el diputado ultra K Leopoldo Moreau, a quien instaron a darle curso legal a dicha denuncia “teniendo en cuenta la gravedad institucional que implica la fuga de datos del organismo conducido por Cristina Caamaño”. En su rol, Moreau ahora debería impulsar una denuncia penal pero no se sabe cuál será su actitud.
Los legisladores Cristian Ritondo, José Cano y Sebastián Garcia De Luca, firmantes de la denuncia, señalan que no se resguardó la identidad de los agentes, por lo que “se violó la Ley de Inteligencia Nacional y el Código Penal en cuanto a la confidencialidad de la documentación, banco de datos y personal de los organismos de Inteligencia”.
Los legisladores subrayan que, mientras la AFI y la fiscalía de Lomas de Zamora, donde se sustancia la causa del denominado espionaje macrista, se intercambian acusaciones por la filtración dirigida de las actas a medios K .
En ese sentido, los diputados sostienen que, “por un lado, la AFI no resguardó la identidad de los agentes, y, por el otro, el juzgado y la fiscalía fueron por lo menos ingenuos en el manejo de esa sensible información”.
Sin embargo, “no está claro si la Fiscalía pidió información sobre todos los agentes en cuestión, por lo que la AFI podría haber preventivamente testado los nombres y apellidos (además de los documentos de identidad) de decenas de agentes que no estaban involucrados directamente en la causa”. En la causa intervienen los fiscales federales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Por otro lado, el juzgado y la fiscalía debería haber agregado “medidas de seguridad o pedir un reaseguro a la AFI. Esto constituye acto de irresponsabilidad, ineficiencia y falta de profesionalismo sin precedentes y una conducta reprochable desde el punto de vista penal para funcionarios políticos y judiciales”.
Sin embargo, “no está claro si la Fiscalía pidió información sobre todos los agentes en cuestión, por lo que la AFI podría haber preventivamente testado los nombres y apellidos (además de los documentos de identidad) de decenas de agentes que no estaban involucrados directamente en la causa”, agregaron.
Por otro lado, “esto constituye acto de irresponsabilidad, ineficiencia y falta de profesionalismo sin precedentes y una conducta reprochable desde el punto de vista penal para funcionarios políticos y judiciales. En definitiva, la falta de profesionalismo, escasas medidas de seguridad y fallas en la cadena de custodia facilitaron la difusión masiva de un hecho que tiene serias consecuencias para la seguridad nacional”.
Finalmente, advierten los diputados de Juntos por el Cambio sobre la situación en la que se encuentran los agentes cuya identidad fue violada y sobre el “grave riesgo en el que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional, así como las relaciones con agencias extranjeras cuya cooperación es necesaria” que fueron expuestas en los documentos. Adjuntaron un informe con las violaciones a la ley de Inteligencia y al Código Penal que tuvo la filtración enviada a medios de comunicación K.
Para intentar cubrirse legalmente, la titular de la AFI Cristina Caamaño presentó el lunes también una denuncia por “revelación culposa de secretos políticos y militares” ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Mientras tanto, cuatro ex agentes de la AFI denunciaron a Caamaño por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “divulgación de secretos” en una denuncia que recayó ante la jueza María Servini, informó el diario digital PeriodismoyPunto.
En el escrito, los ex espías señalaron que “ese documento salió de la AFI sin el más mínimo resguardo de seguridad” y se quejaron: “hemos pertenecido al organismo y nuestras identidades fueron expuestas“.
Por último, los denunciantes consideraron “lamentable leer en los medios que tanto la Sra. Interventora como miembros del Poder Judicial, les ruegan a los periodistas que tengan precaución, cuidado, decoro, etc. con el fin de que no publiquen este ya famoso libro de actas” y plantearon que “la Dra. Caamaño no podía desconocer que para que cualquier documento egrese de la AFI se deben tomar los recaudos necesarios para guardar el secreto”.
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