Por iniciativa de algunos de los acusados, volvió a instalarse la discusión sobre los 31 imputados colaboradores con los que cuenta el caso de los Cuadernos de las Coimas. La Sala
I de la Cámara de Casación Penal pidió registros fílmicos y digitales de las confesiones, en el marco de un planteo de la vicepresidenta y otros acusados, que sostienen que la Ley del Arrepentido es inconstitucional y por eso debe anularse el caso. El fiscal ante la Cámara, Raúl Pleé, se opuso al reclamo de los soportes señalando que se contradice con la letra de la ley y defendió el uso de la norma, “que ya se declaró constitucional“.
Antes de elevar a juicio oral el expediente, el fallecido juez Claudio Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 “imputados colaboradores” de la causa por sobornos millonarios que durante doce años habrían pagado contratistas y concesionarios del Estado, conocida como los Cuadernos de las Coimas.
El 21 de octubre de 2019, la Cámara Federal porteña -integrada por los removidos jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia- rechazó una serie de reclamos de ex funcionarios kirchneristas y empresarios, que pusieron en duda la constitucionalidad de la Ley del Imputado Colaborador y por ende, los testimonios que fueron estructurando el expediente que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.
Sin embargo, una sala de la Cámara de Casación analiza si es inconstitucional o no aquella normativa y cómo se aplicó, lo que podría poner en riesgo el juicio. Lo curioso es que otra sala del mismo tribunal ya declaró la constitucionalidad de esa ley.
El nuevo incidente planteado por varios de los acusados, entre ellos Cristina Kirchner, sostiene que la ley del arrepentido “es inconstitucional”. A este reclamo lo acompaña una consecuencia inmediata a criterio de los acusados, “la normativa se aplicó de forma indebida”. Como consecuencia directa de ambos argumentos, se pidió la nulidad de todo lo actuado.
La semana pasada, en una audiencia que originalmente estaba pautada para marzo, la Sala I de la Casación escuchó los planteos de varias defensas, entre ellas la de Julio De Vido, a la que adhirieron otros imputados. Además de Maximiliano Rusconi por De Vido, apoyan el pedido Eduardo Barcesat, abogado del dueño de Electroingeniería y militante K Gerardo Ferreyra; Laura Fechino, representante del ex funcionario, Hernán Gómez; y Marcelo Mónaco, letrado del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain.
La Casación tiene veinte días para expedirse sobre un punto neurálgico para la causa donde Cristina Kirchner fue procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Pero hasta tanto esto no se dirima, se suspendieron las actuaciones del caso que está radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).
Antes de pronunciarse, la Sala presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi -quien subroga el juzgado del que era titular Bonadio- que responda si existen “registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la Ley 27.304″.
Este miércoles, el fiscal Pleé brindó su opinión oponiéndose a ese pedido: “denota una descripción distinta a la requerida por el texto legal; lo que se pone de manifiesto, resaltándoselo, en tanto oportunamente podría ser objeto de planteos en otras intervenciones de esta Fiscalía”, advirtió.
La discusión se centró en los “medios idóneos” que la ley exige como soporte para el resguardo de los testimonios. En diciembre de 2018, los camaristas Bruglia y Bertuzzi avalaron como medio idóneo las actas firmadas por los arrepentidos, sus abogados y por el representante del ministerio Público Fiscal, ya que la misma se hace bajo juramento y de incurrir en falso testimonio, las penas se agravan y se pierden los beneficios obtenidos en el acuerdo de colaboración.
Ahora Plee también rechazó la necesidad de tener las filmaciones: “Los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos referidos”.
Por ello defendió lo actuado durante la instrucción, y señaló que la discusión elevada ante la Casación “consiste en resolver sobre los recursos planteados contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, en cuanto decidió acerca de la constitucionalidad de la mencionada Ley 27.304”.
El planteo suma otro dato: los camaristas Bruglia y Bertuzzi que avalaron la utilización de la Ley del Arrepentido en diciembre de 2018 y el año pasado la verosimilitud de sus dichos, fueron removidos por el kirchnerismo. Igual suerte corrió el juez del TOF 7 Germán Castelli. La Corte Suprema de Justicia aceptó esta semana un per saltum de los tres para evaluar si esos desplazamientos fueron correctos o deben anularse.
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