El Gobierno nacional rechazó
el informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y consideró que el país gobernado por Nicolás Maduro “sufrió un fuerte asedio de intervencionismo“, al tiempo que se quejó de que “hay una apreciación sesgada” de lo que son ese tipo de delitos.
“Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”, sostuvo el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi.
Durante su discurso, el diplomático también subrayó que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos“. “Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica”, señaló.
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Aunque reconoció que el país caribeño vive “una situación crítica” que obligó a que un “alto número de personas abandonaran el país”, el ex diputado nacional remarcó: “No compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que los llevaron a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla”.
En ese sentido, Raimundi afirmó que “Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo: hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que generaron serias cuestiones de violación a los derechos humanos”.
De esta manera, el Gobierno rechazó el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, la chilena Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela en lo que hace a la represión por parte de las Fuerzas de Seguridad. “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020”, había manifestado la ex presidenta de Chile.
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Advertencia de la Unión Europea a Venezuela
La Unión Europea pidió al Gobierno venezolano que aplace las elecciones legislativas del 6 de diciembre, avisando, a través de la misión diplomática desplegada en Caracas, de que no reconocerá las elecciones ni la Asamblea Nacional que salga de ese proceso al carecer de las condiciones democráticas mínimas.
Así lo transmitió la misión enviada por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, la semana pasada a Venezuela. Los diplomáticos europeos se vieron con el dirigente ‘chavista’ Jorge Rodríguez, encargado de las negociaciones con el opositor Henrique Capriles, y le exigieron retrasar seis meses las elecciones para dar espacio a un proceso dialogado con la oposición que mejore las condiciones de los comicios, ha informado un alto cargo de la UE.
La diplomacia comunitaria no estableció ningún ultimátum al Ejecutivo de Nicolás Maduro, pero espera tener una respuesta en los próximos diez o doce días, teniendo en cuenta que sería complicado por cuestiones técnicas posponer los comicios una vez pase mediados de octubre.
La Organización Panamericana de Salud pide reclama deuda a Venezuela
La Organización Panamericana de Salud (OPS), representación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región de las Américas, ha suspendido los derechos a voto de Venezuela por no haber saldado sus deudas, que ascienden desde 2017 a más de 7,8 millones de dólares.
La OPS ha publicado sus cuentas, con las que pretende denunciar que, a 31 de julio de 2020, apenas había recaudado el 32 por ciento de las contribuciones comprometidas por los distintos países para el año en curso. Las deudas se acercan a los 94,2 millones de dólares, de los cuales 22,6 millones se arrastran de años anteriores.
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Venezuela contraataca con informe
El Gobierno de Venezuela ha denunciado este lunes el “uso tendencioso de los Derechos Humanos” que se está llevando a cabo desde el exterior contra el país con la entrega de un informe sobre esta cuestión al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Peter Grohmann, dos semanas después del estudio presentado por la ONU.
El informe, titulado ‘La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio‘ ha sido entregado en Caracas por el fiscal general, Tarek William Saab, durante un acto en el que además del representante de Naciones Unidas, también ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza; y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
La entrega de este documento se produce dos semanas después del informe publicado por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, en el que se alertaba de supuestas violaciones de los Derechos Humanos cometidos en Venezuela.
EA/FeL
