Empresas en paraísos fiscales: el proyecto para quitarles la ayuda estatal sigue sin acuerdo

económica del Estado en la pandemia, a empresas domiciliadas en paraísos fiscales y a aquellas que hayan incurrido en prácticas probadas de evasión fiscal. Pero el proyecto ya votado, fue “reconsiderado” y volvió a comisión, y aún no hay acuerdo para volverlo a sacar adelante.

La norma se debatió en la madrugada de la misma sesión del “escándalo Ameri”, el diputado salteño que fue “renunciado” tras aparecer en cámara besando un pecho de su mujer. Fue a las 2.15 del pasado viernes 25, en la sesión presidida por Sergio Massa y con legisladores que ya daban señales de agotamiento, cuando la diputada cristinista Fernanda Vallejos impulsó un agregado que estaba por fuera del texto acordado por el Frente de Todos y Cambiemos.

Y que metía en la bolsa de las prohibiciones de ayuda estatal no sólo a “las personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”; sino también -aquí la discordia- a empresas “que estén vinculadas”, con esas empresas.

Ese agregado de alta trasnoche sin tiempo a considerarlo, hizo que Juntos por el Cambio pasara a abstenerse; que el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini hiciera una dramática intervención cuyo impacto hizo volver todo a foja cero (“¡no pueden llevarnos por delante de esta manera, les pido que reflexionen!”) y que, cuando crecía el escándalo y hasta diputados aliados al oficialismo pedían modificar su voto ya emitido, Massa hiciera votar la “reconsideración” y mandara el texto otra vez a comisión.

El punto todavía no volvió a ser discutido. “No tenemos aún un texto final”, reconoció Vallejos ante la consulta de Clarín. El diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro, autor de la iniciativa, dijo que si bien el agregado Vallejos “lo mejora” se inclina por ir a un texto acordado “porque fortalece el proyecto, son buenas señales políticas y había un consenso”. Pone el acento en lo conceptual de la ley: “Es marcar un horizonte de que debemos ir hacia una economía mundial sin paraísos fiscales”.

Desde Juntos por el Cambio, el misionero Luis Pastori -referente económico del bloque de la UCR y quien llevó la voz cantante por la oposición en la sesión- dijo que no acompañarán si se insiste con el agregado de las “empresas vinculadas”. En la oposición sospechan que se quiere castigar a empresas “enemigas” del Gobierno, acaso Mercado Libre o Vicentin.

“Yo voy a aconsejar no acompañar si insisten con la propuesta de Vallejos, hay un sesgo anti-empresa en lo que expresa, que es ideología de un sector del oficialismo”, señala.

Pastori de todos modos aclaró -y así lo expresó en el debate- que el ATP se creó por decreto y hasta ahora asignar la ayuda es una facultad que maneja el jefe de Gabinete de ministros, lo que hace que el proyecto sea “algo declamativo, de fijar una postura. Cuando en la moratoria le salvaron la vida a un evasor consumado como Cristóbal López”, recordó.

El diputado Sarghini también le dijo a Clarín que no están de acuerdo con el cambio, y que insistirán en un proyecto en el mismo sentido que había presentado Graciela Camaño.

El macrista Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el proyecto quedó “en un limbo” por ahora y dijo, en términos similares a Pastori, que “el agregado es inaceptable, ya que genera una situación demasiado laxa. Cualquier empresa con un campo en Paraguay pierde los beneficios” ejemplificó.

¿Por qué Paraguay? Si bien se habla de paraísos o refugios fiscales, o “guaridas fiscales” -según impulsó el kirchnerismo- técnicamente se trata de jurisdicciones “no cooperantes” -en cuanto a compartir información impositiva- y de “baja o nula tributación”.

Segun el decreto reglamentario 862/2019 del impuesto a las Ganancias, hay 95 jurisdicciones “no cooperantes”. No están en esa lista -que es la que se usaría a los fines de la ley- muchos de “los sospechosos de siempre” de albergar fortunas que evaden en sus países de origen, como podrían ser Panamá, Cayman o Luxemburgo. Ya el GAFI y la OCDE no tienen “listas negras” al estilo de hace años y se debate en el mundo si muchas jurisdicciones no se las han arreglado con estrategias de “cumplimiento simulado” de estándares internacionales de cooperación.

La mayoría son países de Africa y Asia, islas perdidas en los océanos, pero allí también figuran Bolivia, Paraguay, el Estado Vaticano -hoy liderado por el argentino Jorge Bergoglio- , Cuba, Honduras y Nicaragua. “Pueden ser no cooperantes y sin embargo no ser paraísos fiscales o viceversa -explica Pastori- No hay un listado de países de baja o nula tributación, pero se toma en cuenta si la alicuota de Ganancias a las rentas empresarias son inferiores en un 60% o más a la argentina, fijada hoy en un 25%, aunque este año está en 30%”.

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