El pedido de juicio politico de la diputada Vanessa Siley, una incondicional de la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora, contra Carlos Rosenkrantz busca “esmerilar” política y personalmente al presidente de
la Corte en momentos en que debe decidir sobre si fueron constitucionales la revisión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli que hizo el Gobierno y la mayoría K del Consejo de la Magistratura y del Senado. Es la misma estrategia política y judicial que Cristina usó en el 2013 contra el entonces titular del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien impulsó el freno constitucional al proyecto de “democratización” de la Justicia y la polémica ley de suplencias de jueces, entre otros casos.
La “mesa judicial” de Cristina en el Instituto Patria que integra Siley, entre otros con más poder y conocimiento de la Justicia, sabe que no tienen los dos tercios de los votos de las cámaras de senadores y de diputados como para iniciar un juicio político a Rosenkrantz. Entonces, según fuentes parlamentarias de la oposición, busca “desgastar a los jueces y ponerlos nerviosos” para que no avancen en las causas contra la vicepresidente por supuesta corrupción. Es la misma táctica que usan con el Procurador General de la Nación provisorio, Eduardo Casal, y todos aquellos jueces y fiscales que han procesado o investigado a la expresidenta.
Siley es, además de diputada y miembro del Consejo de la Magistratura, secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE-SITRAJU) que pelea con el peronista Julio Piumato -titular de la histórica Unión de Empleados Judiciales- por la representación gremial los trabajadores del poder judicial. Pero con la ventaja que su adhesión a La Cámpora y a la mesa de mujeres del Patria le permitió escalar rápidamente posiciones. Sus colegas en la Magistratura la recuerda por repetir “el libreto” de La Cámpora en las sesiones del organismo que propone y destituye jueces.
En realidad, el pedido de Siley se enmarca de una larga lista de operaciones K Rosenkrantz que van desde operaciones por falsas cuentas bancarias en el exterior y denuncias por su voto en el caso del 2×1 para represores que ahora repite Siley. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas luego de analizar esta denuncia durante un año terminó sobreseyendo a Rosenkrantz. Además, el ministro ha sido objeto de ataques de Horacio Verbistky y otros operadores K e incluso escraches personales.
Vanessa Siley, diputada cristinista y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Entre esa batería de medidas, en la Magistratura se registró un pedido de los diputados Rodolfo Tailhade (ex director de Contrainteligencia de la AFI) y Eduardo Valdés (uno de los impulsores del Operativo Puf) para cruzar las llamadas telefónicas de Rosenkrantz con las del camarista Martín Irurzun y el ex asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Tailhade, Valdés, Siley y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, están en esa “mesa judicial” de la vicepresidenta. “No van a parar”, dijo un diputado de Juntos por el Cambio que conoce los pliegos del poder K. Sobre todo en las próximas semanas en que la Corte decidirá sobre la constitucionalidad de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, un fallo que será una bisagra política en la tensionada relacionada entre el Gobierno y la Corte.
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